COLOMBO, 15 Oct. (Reuters/EP) -
Sri Lanka ha prohibido el acceso a los extranjeros a una exzona de batalla este miércoles, semanas después de que Naciones Unidas empezara una investigación sobre las supuestas acusaciones de crímenes de guerra en la fase final de 26 años de conflicto entre el Ejército y los separatistas rebeldes, según ha informado este miércoles el Gobierno.
El presidente, Mahinda Rajapaksa, negó en agosto el visado de entrada a las autoridades de Naciones Unidas por la investigación de crímenes de guerra. Su administración considera innecesaria la investigación externa y asegura que Sri Lanka puede hacerla por su cuenta.
Desde el Departamento de Información del Gobierno han señalado que "se implementará el permiso previo para que los extranjeros visiten el norte". "Los extranjeros o las organizaciones relevantes tienen que escribir al Ministerio de Defensa para la aprobación", ha explicado, aunque no han dado explicaciones al respecto.
El Ejército impidió la semana pasada la entrada a los extranjeros que pretendían visitar el norte como una "medida temporal" ante las preocupaciones por la seguridad en la zona mientras que Rajapaksa visitaba la región para abrir una vía ferroviaria que había estado cerrada durante los 24 años del conflicto. Esta parte del país es predominantemente tamil y fue el escenario de la mayoría de los combates durante la guerra.
Aunque el Gobierno ha relajado las sanciones a los extranjeros que visitan el norte, muchos turistas, así como diplomáticos y periodistas, se han quejado de la vigilancia de los agentes de seguridad del Gobierno.
Los grupos defensores de los derechos de los medios han denunciado que sus actividades se han convertido en el objetivo del Gobierno desde que se aprobó la resolución de la ONU en la investigación en marzo. Los activistas sostienen que las fuerzas del orden han irrumpido al menos cuatro veces en sus actividades durante los últimos cinco meses.
Según los analistas, el Gobierno podría estar preocupado por la colaboración de los medios de comunicación con la ONU. De hecho, el organismo del Ministerio de Defensa que regula las ONG prohibió en junio las conferencias de los activistas y las notas de prensa y los talleres de los periodistas.
Naciones Unidas ha denunciado la falta de actuación de las autoridades de Sri Lanka para esclarecer los crímenes de guerra durante la etapa final del conflicto, que terminó en 2009, por lo que la ONU se ha visto obligada a iniciar sus propias averiguaciones. Según las cifras publicadas en 2011, cerca de 40.000 civiles tamiles fueron asesinados en las últimas semanas de la guerra, la mayoría por el Ejército.
Rajapaksa, que espera presentarse a la tercera legislatura de seis años en las elecciones de 2015, y su Gobierno han negado las acusaciones.
