WASHINGTON (EP/AP)
El Departamento de Justicia norteamericano remitió una carta a los miembros del Senado como arma de presión de la Administración Bush para que el Congreso rechace la legislación diseñada para recortar la inversión estadounidense y extranjera en Sudán ante la violencia en Darfur.
En una carta remitida a los líderes democráticos y republicanos del Senado, el Departamento de Justicia sugirió que las Cortes debían implicarse en anular una disposición de la propuesta Acta de Responsabilidad y Desinversión sobre Sudán que daría la autorización del Congreso a los planes de desinversión de los Gobiernos estatales y locales.
La coalición Salvar Darfur puso la carta en circulación el viernes. Uno de los miembros de la coalición, John Prendergast, consideró que "es irónico que la Administración Bush quiera preservar una opción de 'guante de seda' mientras el régimen de Jartum continúa empleando mano de hierro contra el pueblo de Darfur". "Los intentos continuos de la Administración para descarrilar la cláusula de desinversión, con un aplastante apoyo bipartisano, dilapidan los esfuerzos para construir una influencia a través de presiones económicas", dijo Prendergast.
Datada el 26 de octubre, la carta fue la segunda enviada por la Administración en una semana, cuatro días después de que el Departamento de Estado remitiera un documento similar que presentaba algunos de los mismos argumentos sobre bases de política constitucional y exterior y no legales.
Según la primera misiva, la Constitución estadounidense delega la política exterior en el presidente. La ley sobre Sudán sancionaría a las entidades americanas y extranjeras por invertir en Sudán cuando las milicias alineadas con el Gobierno del presidente, Omar al bashir, ejercen una campaña de terror en la región de Darfur, del este de Sudán.
Al igual que la carta enviada por el Departamento de Estado, la carta de Justicia enfatiza que la ley de autorización congresional para las políticas de desinversión estatales y locales es objetable. Explica que la cláusula es ilegal no sólo porque "autoriza a los estados a actuar en un área en la que el Gobierno federal ha escogido no actuar" sino también porque "autorizaría las desinversiones estatales y locales en un campo de política exterior en el que tanto el Congreso como los órganos ejecutivos son extremadamente activos". Incluso si los patrocinadores de la ley creen que ésta es coherente con las políticas del presidente Bush en lo referente a Sudán, dice la carta, "éste podría no ser el caso en un futuro. Es muy posible, por ejemplo, que un estado pueda promulgar una ley de desinversión que requiera desinversiones en circunstancias contrarias a leyes federales específicas".
"Durante este periodo es importante que el Gobierno federal, el presidente, el Congreso y, si es necesario, las Cortes Federales retengan las herramientas constitucionales que les han sido otorgadas para asegurar que los gobiernos estatales y locales no se embarcan en una actividad de desinversión que, aunque con buena intención, ponga en peligro la política Exterior norteamericana en Sudán y en otros potenciales asuntos, transmite la carta, en la que se aclara que el Departamento de Justicia se opone encarecidamente a la parte sobre las desinversiones de la ley propuesta. La propuesta ha sido aprobada por la Comisión de Banca del Senado, pero aún no se ha fijado una fecha para su votación en el Senado.
