Tailandia.- Los principales jueces acuerdan estudiar según su respectiva jurisdicción las quejas contra las elecciones

BANGKOK 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La reunión de los tres principales magistrados de Tailandia, los presidentes del Tribunal Constitucional, el Supremo y el Administrativo, concluyó hoy sin ningún acuerdo claro salvo el compromiso de todos ellos de estudiar en el marco de su respectiva jurisdicción las denuncias y quejas presentadas con respecto a las elecciones generales del pasado 2 de abril, y de volver a reunirse lo antes posible para tomar una decisión sobre si se anulan estos comicios.

El encuentro de los tres altos magistrados --sin precedentes en Tailandia-- se produjo en respuesta a la petición en este sentido hecha el martes por el rey para que encontraran soluciones a la crisis política que atraviesa el país desde hace dos meses.

Al término de la reunión de dos horas, el secretario general del Tribunal Supremo, Jaran Pakdithanakul, indicó que los tres magistrados jefes acelerarán sus deliberaciones en relación con los casos pendientes en virtud de sus respectivas jurisdicciones dentro del marco legal y de acuerdo con la Constitución.

Entre la docena de quejas presentadas contra la legitimidad de las elecciones generales ante los tres tribunales, figura una presentada por el Partido Democrático --el principal de la oposición-- ante el Tribunal Administrativo, al que solicita que anule los resultados de los comicios y emprenda acciones legales contra el primer ministro dimisionario Thaksin Shinawatra tras su presunta disolución ilegal de la Cámara de Representantes.

Las elecciones dieron como ganador al partido gobernante Thai Rak Thai de Thaksin, debido entre otras cuestiones al boicot de los tres principales partidos de oposición. Sin embargo, en algunas circunscripciones, y pese a que ya se han celebrado dos vueltas, aún no hay un ganador porque pese a haber un candidato único este no ha logrado el 20% de los votos mínimo que requiere la ley para conseguir un escaño. La Constitución prohíbe que el Parlamento se reúna si no han sido designados sus 500 diputados.