El TPI emitirá veredicto contra un exseñor de la guerra congoleño

   AMSTERDAM, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -  

   El Tribunal Penal Internacional (TPI) emitirá este miércoles su veredicto sobre el caso de Thomas Lubanga Dyilo, un señor de la guerra de la República Democrática del Congo (RDC) detenido hace siete años y que se enfrenta a dos cargos por crímenes de guerra por el reclutamiento de niños soldados en la región de Ituri (noreste).

   Lubanga, de 51 años, antiguo comandante del grupo armado rebelde Reagrupamiento Congoleño para la Democracia-Movimiento de Liberación (RCD-ML), fundó y lideró desde 2002 la Unión de Patriotas Congoleños (UPC), que contó con el apoyo de Uganda y Ruanda.

   Su caso fue denunciado y remitido al TPI en abril de 2004 por el propio Gobierno de la RDC. Fue capturado en marzo de 2005 y trasladado posteriormente a la sede del TPI, La Haya, tras un periodo de encarcelamiento en Kinshasa. En agosto de 2006 fue acusado de crímenes de guerra. Lubanga se ha declarado inocente y ha asegurado que es un político y no un señor de la guerra.

   Thomas Lubanga ha sido la primera persona acusada en relación con los conflictos en la República Democrática del Congo y el primer detenido por orden del TPI, y su caso fue el primero en llegar a juicio --que comenzó en enero de 2009-- en el Tribunal de La Haya. Los otros casos que lleva el TPI en relación con la RDC son los de Germain Katanga, Mathieu Ngudjolo Chui y Bosco Ntaganda. Este último aún no ha sido detenido.

   Según el TPI, en su doble condición de fundador de la UPC y comandante en jefe de su ala militar, las Fuerzas Patrióticas para la Liberación de Congo (FPLC), "Lubanga está acusado de reclutar a menores de quince años para participar activamente en hostilidades entre septiembre de 2002 y el 13 de agosto de 2003".

   Los hechos juzgados se remiten al conflicto que sufrió la región de Ituri entre 2002 y 2003. El conflicto étnico entre las comunidades Hema y Lendu fue utilizado desde finales de los años noventa por los distintos grupos rebeldes, las fuerzas del Gobierno y las potencias extranjeras --en especial Ruanda y Uganda-- interesadas por hacerse con esta región rica en oro, petróleo, coltán y diamantes.

   En este contexto, Lubanga, un comerciante de la etnia Hema, se convirtió en cabecilla ('rais', líder supremo) de los suyos y fundó la UPC, que contaba con claro apoyo militar de Uganda. Tras un breve periodo de participación en el Gobierno de concentración de Kinshasa, Thomas Lubanga se alzó de nuevo en armas en agosto 2002 contra la comunidad Lendu y contra los extranjeros.

   Fue por entonces cuando empezó el reclutamiento masivo de niños en las filas de la UPC, cuyos milicianos exigían la implicación de todos los miembros de la etnia Hema, sin importar sexo ni edad.

LENTITUD DEL PROCESO

   El veredicto de Lubanga llegará bastante más tarde de lo que el TPI había anunciado en un principio, tras un proceso que sufrió varias suspensiones desde su comienzo.

   A mediados de julio de 2010, el proceso fue suspendido porque la Fiscalía, desobedeciendo las órdenes de los jueces, se había negado a facilitar información --referida a un testigo protegido-- al equipo de defensa de Lubanga, por lo que ya no era posible llevar a cabo un "juicio justo".

   El propio Tribunal llegó a ordenar la excarcelación del antiguo señor de la guerra, pero a finales de ese mismo mes, el TPI anuló la orden de excarcelación por considerar que podría "imposibilitar" la reanudación del juicio si finalmente el Tribunal se pronunciase a favor de los recursos de la Fiscalía contra la suspensión del proceso. El juicio se reanudó posteriormente y concluyó en agosto de 2011. Desde entonces estaba visto para sentencia.

   La lentitud del organismo ha sido fuente de decepción en los países afectados por las acciones de Lubanga debido a que los crímenes siguen sin juzgarse. El TPI acusa a Lubanga de reclutar a niños para las filas de las fuerzas rebeldes congoleñas durante una guerra de cinco años en las que murieron miles de personas.

   "Los fiscales estaban llevando el caso de forma deplorable. Todos estábamos esperando que llegase a este punto", señaló William A. Schabas, profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Middlesex.

   "Los grandes juicios que vemos en los tribunales dedicados a Yugoslavia, a Ruanda y Sierra Leona no se realizan todavía en el TPI. El TPI no ha hecho nada de eso todavía", señaló. El TPI no ha emitido hasta ahora ninguna condena en firme, aunque los tribunales especiales dedicados para un país o una región, como las citadas por Schabas, sí que han emitido resoluciones.

   Con el apoyo de 120 países, el TPI comenzó su labor en 2002 en siete regiones conflictivas, todas en África. La jurisdicción del Tribunal solo llega a los países miembros o a los países autorizados por el Consejo de Seguridad de la ONU, como el pasado año en Libia.

   Schabas criticó que el fiscal general Luis Moreno Ocampo se haya centrado en conflictos africanos. "Evitó algunos conflictos por los que habría pisado los dedos de miembros permanentes del Consejo de Seguridad, desde Afganistán a Gaza, a Irak o Colombia", añadió Schabas.

PROBLEMAS Y LOGROS DEL TPI

   El TPI no tiene un cuerpo de fuerzas de seguridad propio y depende de los estados miembros a la hora de atrapar a los acusados. Tres miembros permanentes del Consejo de Seguridad --China-Rusia y Estados Unidos-- no han ratificado su unión al organismo, por lo que no puede haber juicios que afecten a dichos países.

   El TPI se ha visto aquejado por la burocracia legal y las oposiciones políticas. Además, tampoco ha podido intervenir en cuestiones importantes para la comunidad internacional, como el juicio contra Sadam Husein dirigido por Estados Unidos en Irak, el asesinato del exdictador libio Muamar Gadafi a menos de grupos rebeldes y en Siria, donde han muerto 7.500 personas desde que empezó la represión el pasado año.

   El Tribunal ha intentado procesar al hijo mayor de Gadafi, Saif al Islam, aunque Libia ha asegurado que serán sus jueces quienes le juzguen. Además, también ha emitido órdenes de arresto contra miembros del Gobierno de Sudán, como el presidente, Omar Hassan al Bashir, y el ministro de Defensa, Abdel Raheem Muhammad Hussein.

   El veredicto de Lubanga será un paso más hacia la justicia internacional, que sufrió un parón de cincuenta años desde los juicios de Nuremberg contra los nazis en la década de 1940 hasta el caso contra el expresidente serbio Slobodan Milosevic a finales del siglo XX.