Un tribunal eleva las penas de prisión para una red de trata que extorsionó y mató a migrantes rohingyas

BANGKOK 1 Nov. (Reuters/EP) -

Un tribunal de Tailandia ha aumentado las penas de prisión impuestas a más de 50 condenados --incluido un general tailandés-- por integrar en una red de trata de personas que extorsionó y mató a migrantes rohingyas a los que internaba en campamentos en zonas de jungla del sur del país cerca de la frontera con Malasia.

Los integrantes de esta red de tráfico de migrantes internaban a los rohingyas en campamentos en la jungla, en los que les mantenían recluidos hasta que sus familias pagaban su liberación, según las autoridades tailandesas. La existencia de esta red de trata de migrantes se descubrió tras el hallazgo de cadáveres en varias fosas comunes de poca profundiza en la jungla tailandesa.

En 2017, un tribunal penal condenó a 62 acusados por esta red de trata por trece cargos distintos, incluidos el tráfico de personas, traslado ilegal de migrantes y crimen organizado. A última hora del jueves, un tribunal retiró las condenas para dos de los acusados y decidió aumentar las penas para otros 55 acusados, a los que impuso además cargos de tráfico ilegal de migrantes. Algunos de los sentenciados tendrán que cumplir más años de prisión por varios cargos de tráfico de personas.

Entre los que han sido condenados a mayores de penas figura el teniente general Manas Kongpan, que ha pasado de ser condenado a 27 años de cárcel por tráfico de personas y corrupción a afrontar 82 años de prisión.

Banjong Pongphol, exalcalde de la localidad de Padang Besar, en la provincia de Songjla, ha visto su condena aumentada de 78 a 79 años de encarcelamiento por su papel en esta red de tráfico de migrantes.

El tribunal ha decidido mantener la mayor condena impuesta contra un miembro de la red de trata, los 94 años de cárcel para Soe Naing, un rohingya que las autoridades tailandesas creen que tuvo un papel central en la organización de tráfico de personas. Ha sido condenado por tráfico de personas y por causar la muerte de varios migrantes rohingyas.

En el plazo de 30 días, la Fiscalía y los condenados pueden presentar recurso contra la decisión del tribunal. Si se presentan recursos, será el Tribunal Supremo el que adopte la decisión final sobre el caso.

Birmania considera a los rohingyas como inmigrantes ilegales procedentes del subcontinente indio y los ha confinado en decenas de miles de campamentos en el estado de Rajine desde la última ola de violencia registrada en 2012.

La campaña de represión de las Fuerzas Armadas birmanas contra los rohingyas en Rajine llevó a decenas de miles de miembros de esta comunidad musulmana a huir de Birmania por mar. Este éxodo de barcos alcanzó su apogeo en 2015, cuando cerca de 25.000 personas cruzaron el mar de Andamán para llegar hasta Tailandia, Malasia e Indonesia, muriendo muchos de ellos en la travesía por naufragios de las embarcaciones.

Cuando el estado de Rajine volvió a vivir otra ola de violencia en 2017, más de 700.000 rohingyas cruzaron la frontera para instalarse en Bangladesh huyendo de la campaña de represión impulsada por las Fuerzas Armadas birmanas, según las estimaciones de Naciones Unidas.