MANILA, 9 Ago. (Reuters/EP) -
El Tribunal Supremo de Filipinas ha ordenado este martes una investigación contra cuatro jueces a los que el presidente del país, Rodrigo Duterte, ha relacionado con el narcotráfico en una lista que hizo pública y en la que aparecían 160 personas supuestamente implicadas en el tráfico de drogas.
En la lista aparecieron los nombres de funcionarios, soldados, agentes de policías y jueces, entre otros. El portavoz del Tribunal Supremo, Theodore Te, ha indicado que el tribunal ha pedido a un juez retirado que lleve a cabo una recopilación de pruebas sobre cuatro jueces de la lista de Duterte.
"El tribunal ha decidido considerar el discurso del presidente como una denuncia contra los cuatro jueces", ha dicho Te en una rueda de prensa en Manila, en la que ha añadido que los magistrados tienen siete días para responder a la denuncia. "Esto es un caso administrativo únicamente ya que el Tribunal Supremo no tiene jurisdicción en casos penales", ha añadido.
Este lunes, la presidenta del Tribunal Supremo, María Lourdes Sereno, criticó la decisión del presidente del país de hacer públicos los nombres de los jueces, recordándole que solo el tribunal puede imponer disciplina a los jueces y a otros funcionarios de Justicia.
Sereno matizó que el tribunal apoya la lucha del Gobierno contra el narcotráfico y que comparte el temor de Duerte a que las drogas hayan podido llegar a las altas esferas del Estado. Ninguno de los jueces acusados han comparecido en público para aclarar las acusaciones.
Más de 400 sospechosos de narcotráfico han muerto a manos de la Policía desde que Duterte asumió el cargo, según cifras oficiales. Otras, como la cadena ABS-CBN elevan la cifra a 800, incluyendo también las ejecuciones realizadas por justicieros no identificados.
El portavoz de Duterte, Ernesto Anella, ha asegurado en una rueda de prensa que el presidente ha "expresado en múltiples ocasiones que no perdona las ejecuciones extrajudiciales", respondiendo a una preocupación trasladada por el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre las muertes relacionadas con el narcotráfico.
Abella además ha añadido que el ministro de Interior ha ordenado a la Policía Nacional que investigue los asesinatos, especialmente aquellos llevados a cabo por justicieros no identificados.
