Un tribunal suspende la orden que impedía al Gobierno de Trump "amenazar" o "intimidar" a funcionarios electorales

Archivo - Donald Trump
Archivo - Donald Trump - Jorge Estrellado / Zuma Press / Europa Press
Europa Press Internacional
Publicado: martes, 3 noviembre 2026 21:40

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de apelación de Estados Unidos ha fallado este martes en favor de la Administración Trump, al suspender la orden provisional de una jueza que impedía al Gobierno exigir a funcuionarios estatales y locales que descartaran determinados votos y amenazar con acciones penales en relación con las elecciones de mitad de mandato.

El Tribunal de Apelación del Noveno Circuito de Estados Unidos ha accedido este mismo martes, cuando tienen lugar los comicios, a una solicitud del Departamento de Justicia para bloquear la orden emitida el pasado viernes por la jueza de distrito Trina Thompson impidiendo al Ejecutivo de Donald Trump "amenazar" o "intimidar" a los funcionarios electorales.

Así lo recoge la agencia de noticias estadounidense Bloomberg, apenas días después de que Thompson prohibiera a las carteras de Justicia y de Seguridad Nacional exigir a los funcionarios electorales de ningún estado que "separen las papeletas, eliminen votantes de los padrones electorales ni detengan el procesamiento de las mismas".

Su resolución temporal llegó tras una demanda presentada por una coalición de sindicatos y grupos de derechos civiles, entre ellos la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, que alegan que la conducta del Gobierno estadounidense viola la Ley de Derecho al Voto y constituye una "intromisión inconstitucional en el control estatal sobre la administración electoral".

A su vez la polémica viene a raíz de la operación de cotejo de datos, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional, que compara las listas de votantes estatales con los registros federales. Los funcionarios electorales sostienen que las listas de presuntos no ciudadanos creadas por este Departamento no son fiables.

El objetivo, según afirma la propia Administración, tiene como objetivo impedir que los no ciudadanos voten. Así, el Gobierno procesará a los funcionarios electorales por "no hacer lo suficiente para prevenir el voto ilegal".

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