WASHINGTON, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -
El nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este miércoles una orden ejecutiva para reforzar la seguridad en el interior del país que se basa en la lucha contra los inmigrantes que están en territorio norteamericano de forma ilegal.
"Los extranjeros que han entrado ilegalmente en Estados Unidos y aquellos que violan los términos de sus visados representan una amenaza significativa para la seguridad nacional, especialmente los que incurren en conductas criminales", reza la orden ejecutiva.
Trump ha cargado, en concreto, contra las "jurisdicciones santuario", que "violan totalmente las leyes federales en un intento de proteger a los extranjeros de ser expulsados de Estados Unidos", y que con ello "han causado un inconmensurable daño al pueblo estadounidense".
Además, "decenas de miles de extranjeros deportables han sido liberados en comunidades de todo el país solamente porque sus países de acogida se han negado a aceptar su repatriación", muchos de ellos --ha apuntado-- criminales que han estado encarcelados.
El objetivo de esta orden ejecutiva es acabar con esta situación, y "dirigir a los distintos departamentos y agencias para que apliquen plenamente todas las leyes migratorias de Estados Unidos", algo que el anterior Gobierno ha rehusado hacer, ha denunciado.
Trump ha ordenado que "todos los extranjeros que deban ser expulsados de Estados Unidos lo sean", señalando específicamente a quienes hayan cometido delitos, puesto en peligro el orden público o abusado del sistema legal estadounidense.
De forma complementaria, ha urgido a cobrar las multas impuestas a los inmigrantes a causa de su estancia ilegal y a quienes la hayan facilitado, en un plazo no mayor de un año desde que se hayan dictado tales sanciones pecuniarias.
Para conseguirlo, el nuevo inquilino de la Casa Blanca ha dado luz verde a la contratación de 10.000 agentes de inmigración adicionales, así a realizar las contrataciones que sean necesarias en otros organismos federales.
Además, Trump ha mandado recuperar el programa gubernamental "comunidades seguras" y crear una oficina para ofrecer servicios profesionales de atención a "las víctimas de los crímenes cometidos por extranjeros".
MEDIDAS DE PRESIÓN
Consciente de que no serán pocos los que se resistan a aplicar la nueva política migratoria de Estados Unidos, el líder republicano ha contemplado una serie de medidas de presión destinadas a garantizar el cumplimiento de esta orden ejecutiva.
Así, las llamadas "jurisdicciones santuario" perderán los fondos federales, excepto los imprescindibles para mantener el orden público, y se hará un estudio detallado del uso que han dado a los que ya han recibido.
Para los "países reacios", habrá sanciones y la Secretaría de Estado se encargará de que a partir de este momento "los esfuerzos diplomáticos y las negociaciones con otros estados incluyan como condición la aceptación de sus nacionales".
