LUXEMBURGO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los ministros de Interior de la Unión Europea aprobaron hoy definitivamente el establecimiento de un mecanismo que obligará a partir de ahora a comunicar a las instituciones comunitarias las decisiones nacionales en materia de asilo e inmigración, como los procesos de regularización. La iniciativa se acordó por primera vez en abril de 2005, tras la polémica surgida por el proceso de regularización de 600.000 inmigrantes llevada a cabo por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero poco antes de esa fecha. Este sistema de consulta previa entrará en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El Consejo de Justicia e Interior pidió entonces crear un "sistema de información mutua" entre los responsables de la política de migración y asilo en los Estados miembros para comunicar la información sobre medidas que puedan tener un "impacto significativo" en varios Estados miembros o en el conjunto de la Unión Europea. Se quiere así permitir el intercambio de opiniones entre Estados miembros y la Comisión, a petición de cualquiera de ellos.
El mecanismo de información debe basarse en la "solidaridad, transparencia y confianza mutua" y debe proporcionar un cauce para el intercambio "flexible, rápido y no burocrático de información y de opiniones sobre medidas nacionales en materia de asilo e inmigración a nivel de la Unión Europea".
Entre las medidas en materia de asilo e inmigración que puedan tener impacto en el territorio de otros socios se podrán incluir "intenciones políticas, programación a largo plazo, proyectos de legislación o legislación adoptada, resoluciones firmes de órganos jurisdiccionales superiores que aplican o interpretan medidas de Derecho nacional y decisiones administrativas que afectan a un número de personas significativo".
Además, la comunicación de la información pertinente debe producirse, a más tardar, cuando las medidas de que se trate pasen a ser accesibles para el público. No obstante, se anima a los Estados miembros a que la transmitan "lo antes posible". En todo caso, estará supeditado a los requisitos de "confidencialidad y protección" que puedan aplicarse a una medida concreta y corresponderá a cada país evaluar si sus propias medidas nacionales pueden tener impacto en varios Estados miembros o en el conjunto de la UE.
La Comisión o un Estado miembro podrán solicitar información adicional sobre los datos comunicados por otro país a través de la red. En tal caso, el Estado en cuestión facilitará la información adicional en el plazo de un mes. No obstante, no se podrá solicitar más información sobre resoluciones firmes de órganos jurisdiccionales superiores que apliquen o interpreten medidas de Derecho nacional.