BRUSELAS, 8 May. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, propuso hoy acabar con los vetos nacionales en la lucha contra el crimen organizado y pasar a un sistema de votación por mayoría cualificada para responder a la "creciente preocupación" por la seguridad que muestran los ciudadanos comunitarios. Esta medida estará contenida en la contribución que presentará el 10 de mayo el Ejecutivo comunitario para la cumbre de líderes europeos de junio, centrada en el futuro de la UE.
Durante una conferencia pronunciada en Lisboa, cuyo contenido fue difundido en Bruselas, Barroso destacó los ciudadanos "piden más Europa para combatir el terrorismo y el crimen organizado". "Es nuestra obligación responder a este llamamiento, con o sin Constitución", dijo.
La propuesta del Ejecutivo comunitario consistiría en transferir las políticas de cooperación policial y judicial en materia criminal del actual ámbito de decisión intergubernamental --el denominado tercer pilar, que requiere la toma de decisiones por unanimidad-- al ámbito comunitario, donde es más frecuente el voto por mayoría cualificada, y hay una mayor implicación de la Eurocámara. El portavoz de Barroso, Johannes Laitenberger, explicó que los Veinticinco tendrían que decidir donde se aplicaría la votación por mayoría cualificada.
Laitenberger aseguró que no se trata de "elegir" aquellas partes de la Constitución que se quiere rescatar sorteando el 'no' en el referéndum de Francia y Países Bajos, sino de "aprovechar al máximo los Tratados existentes" que ya permiten comunitarizar las políticas de justicia e interior.
"Esta decisión significaría una mejora sustancial en nuestra capacidad de encontrar respuestas comunes a problemas comunes, y una demostración adicional de que, si existe voluntad política, somos capaces de profundizar el proyecto Europeo y responder de manera práctica a las aspiraciones de los ciudadanos", aseguró el presidente de la Comisión.
En su contribución a la cumbre de junio, el Ejecutivo comunitario propondrá mantener en suspenso la Constitución Europea al menos hasta 2007 porque todavía no hay "consenso" en cómo sacar adelante el proceso de ratificación. Abogará por aprovechar al máximo los Tratados existentes para desarrollar políticas concretas que interesen a los ciudadanos.
