BRUSELAS, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea abrió hoy un expediente contra la nueva ley urbanística de la Comunidad Valenciana (LUV) por considerar que incumple la legislación comunitaria en materia de contratación pública. Las autoridades españolas, en este caso el Gobierno valenciano, tienen un plazo de dos meses para enviar sus alegaciones, y si Bruselas las considera insuficientes podría acabar denunciando la norma ante el Tribunal de Justicia de la UE.
El Ejecutivo comunitario ya había lanzado en diciembre de 2005 una advertencia final contra la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU). Señalaba que la adjudicación de programas de actuación integrada (PAI) en el marco de la LRAU constituye un contrato de obras públicas y debe cumplir por tanto la legislación comunitaria en materia de contratación pública así como los principios generales del Tratado.
El 22 de diciembre de 2005, las Cortes valencianas aprobaron la Ley Urbanística Valenciana, que deroga y reemplaza a la LRAU. No obstante, la Comisión considera que la nueva ley "no parece remediar las posibilidades de infracción que existían en la LRAU", en particular por lo que se refiere al contenido de los anuncios de licitación y los documentos contractuales para la adjudicación de los PAI, y a la posibilidad de aumentar el precio del contrato tras la selección del agente urbanizador.
El Ejecutivo comunitario subraya además que otros aspectos del procedimiento de selección de agentes urbanizadores "no cumplen las directivas de la UE en materia de contratación pública". Entre ellos, menciona "el contenido de las propuestas para iniciar un PAI, la presentación y el contenido de las ofertas, la admisibilidad de variantes, los criterios de concesión y la posibilidad de modificar partes del contrato o proyecto seleccionado después de su adjudicación".
Por último, la Comisión señala que las autoridades españolas "no han atendido a las advertencias previas y han seguido concediendo contratos en el marco de la LRAU hasta el 1 de febrero de 2006, con la consiguiente violación de las disposiciones de las directivas de contratación pública de la UE".
