UE.- Bruselas expedientará mañana de nuevo a España por no suprimir las 'vacaciones fiscales' vascas

Actualizado 26/06/2007 22:33:50 CET

BRUSELAS, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea expedientará mañana a España por no suprimir las denominadas 'vacaciones fiscales' vascas, y por no haber recuperado las ayudas ilegales a las empresas instaladas en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya ya concedidas en el marco de este sistema, pese a la sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de Luxemburgo de dicembre de 2006.

El portavoz de Competencia, Jonathan Todd, confirmó la semana pasada que la decisión sobre este expediente está en la agenda de la Comisión de este miércoles. También explicó que, si las autoridades españolas no respetan el dictamen del Ejecutivo Comunitario, Bruselas podría llevar de nuevo el caso ante la TUE al término del procedimiento y reclamar, entonces, la imposición de multas diarias. Las ayudas en cuestión son el crédito fiscal del 45 por ciento a las inversiones y la exención parcial del pago del impuesto de sociedades a las empresas de nueva creación, las denominadas 'vacaciones fiscales'. El 20 de diciembre de 2001, la Comisión ordenó a España acabar con estos regímenes de ayudas fiscales aplicados en las tres provincias vascas y recuperar las subvenciones ya concedidas mediante este sistema al considerar que eran ilegales e incompatibles con la legislación comunitaria.

Ante el incumplimiento de las autoridades españolas, el Ejecutivo comunitario acudió al Tribunal de Justicia, que en diciembre de 2006 dictó una sentencia condenatoria. La sentencia constataba en primer lugar que las autoridades españolas no ha adoptado medidas adecuadas para impedir que estas ayudas ilegales se sigan concediendo. En cuanto a la obligación de recuperar las ayudas ya puestas a disposición de las empresas, la sentencia señalaba que España no había acreditado ninguna actuación real ante las compañías interesadas. Insistía en que no es suficiente con que el Gobierno se limite a comunicar a la Comisión las dificultades jurídicas, políticas o prácticas que suscita la ejecución de la decisión. Por lo tanto, el Tribunal dio la razón al Ejecutivo comunitario y sentenció que España no ha cumplido con sus obligaciones.