BRUSELAS, 11 May. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea presentó hoy una propuesta de directiva para reforzar las vías de recurso nacionales de las empresas cuando juzguen ilegal la adjudicación de un contrato público. La norma obligaría a las administraciones públicas a respetar una moratoria de 10 días entre la adjudicación y la firma del contrato. Este plazo permitiría a las empresas perdedoras lanzar un recurso eficaz y rápido en un momento en que una posible decisión ilegal podría todavía corregirse.
La directiva se aplicaría no sólo a las licitaciones, sino también a los contratos adjudicados directamente sin concurso, un procedimiento que la legislación de la UE sólo autoriza de forma excepcional, por ejemplo cuando hay un solo proveedor que pueda dar un servicio. El Ejecutivo comunitario cree que la introducción de estos nuevos derechos animará a más empresas europeas a presentarse a licitaciones públicas en todo el territorio comunitario e introducirá una mayor competencia en estos mercados.
El sector de los mercados públicos representa alrededor del 16% del PIB de la UE. Bruselas asegura que estos mercados no son suficientemente transparentes ni competitivos. Muchos contratos no se publican. La tasa de transparencia de los antiguos 15 Estados miembros es del 16,2%. La peor cifra la registra Alemania, con un 7,5%. España se sitúa en la parte alta de la tabla, con una tasa del 23,6%.
Además, en la mayoría de los Estados miembros no existen procedimientos de recurso efectivos contra la concesión ilegal de contratos. Las administraciones aceleran los plazos para concluir el trato después de la adjudicación, lo que priva a las empresas que pierden el concurso de la posibilidad de presentar recursos eficaces.
De esta manera, en caso de adjudicación ilegal de un contrato, las empresas perjudicadas sólo pueden pedir ante los tribunales daños y perjuicios, pero la revisión del proceso no permite normalmente que un contrato concedido ilegalmente se adjudique de nuevo.
Por ello, la directiva obliga a las administraciones públicas a dejar un plazo de 10 días entre la adjudicación del contrato y su firma. Además, tendrán que informar inmediatamente de la adjudicación, a través de un correo electrónico o fax, a todas las empresas que participaron en el concurso. Las compañías tendrán así la oportunidad de recurrir la adjudicación a las instancias previstas en la legislación nacional de cada Estado miembro y pedir medidas cautelares, como la suspensión del contrato. El periodo de recurso sería más breve, de siete días, en caso de urgencia.
El comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, destacó que "las empresas que participan en las licitaciones públicas deben estar seguras de que éstas no se desarrollen de forma irregular, y lo mismo ocurre con los contribuyentes, que son al fin y al cabo los que las financian". "Si una autoridad pública toma una decisión ilegal, las empresas deben poder recurrirla a tiempo para que pueda ser corregida", añadió.
