Presenta un plan quinquenal para avanzar en el área de Justicia e Interior continuista y sin novedades
BRUSELAS, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea quiere reforzar los próximos años el papel de la Agencia Europea de Control de Fronteras (FRONTEX) en la lucha contra la inmigración ilegal. Bruselas propone además que la UE se dote de un código de inmigración legal para garantizar a los inmigrantes un nivel similar de derechos en todos los Estados miembros, que pacte reglas comunes para la reagrupación familiar y que se refuercen las repatriaciones conjuntas de inmigrantes.
Estas son algunas de las ideas incluidas en el denominado 'programa de Estocolmo', que detalla las prioridades en las que se concentrará la Unión entre 2010 y 2014 en el área de Justicia e Interior. Las propuestas del Ejecutivo comunitario suponen una continuidad de las políticas que ha llevado a cabo la UE en los últimos años, sin novedades rupturistas. Bruselas quiere que los líderes europeos den su visto bueno al programa en la cumbre de diciembre de este año, bajo presidencia sueca, y que España lo desarrolle mediante un plan de acción durante su presidencia del primer semestre de 2010.
El presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, afirmó que el programa de Estocolmo "se funda en los valores clave del modelo de sociedad europeo y de la integración europea, incluida la solidaridad con los más vulnerables y la solidaridad entre Estados miembros". A su juicio, los desafíos a los que se enfrenta la UE en materia de Justicia e Interior "superan ampliamente los límites de las fronteras nacionales". "Es necesaria una respuesta europea, las fronteras nacionales no pueden ser el límite", dijo.
Como ejemplos de estos desafíos, Bruselas resalta que, según las estimaciones, alrededor de 8 millones de inmigrantes irregulares viven en territorio de la UE. En 2006, había en la UE 18,5 millones de ciudadanos de países terceros, el 3,8% de la población total. En toda la UE hay 1.636 puntos de entrada que registraron 900 millones de pasos en 2006. Más de 8 millones de europeos ejercen su derecho a vivir en un Estado miembro distinto al de origen.
Por estos motivos, la Comisión propone avanzar en la creación de una política de inmigración flexible, que se ajuste a las necesidades del mercado de trabajo, facilite la integración de los inmigrantes legales y refuerce la lucha contra la inmigración ilegal. FRONTEX "debe jugar un papel central en el futuro dispositivo integrado de vigilancia de las fronteras exteriores". Para ello, han de reforzarse sus medios operativos, especialmente mediante la creación de oficinas regionales.
En materia de inmigración, el Ejecutivo comunitario reclama que la UE se dote de un código de inmigración legal para garantizar a los inmigrantes un nivel similar de derechos en todos los Estados miembros y de reglas comunes para la reagrupación familiar y que se refuercen las repatriaciones conjuntas de inmigrantes. Por lo que se refiere al asilo, Bruselas quiere establecer mecanismos para que los refugiados reconocidos en países como Chipre o Malta puedan repartirse por los distintos Estados miembros.
ESTRATEGIA DE SEGURIDAD INTERIOR
Otra de las prioridades para los próximos años, según la Comisión, debe ser la elaboración de una auténtica estrategia de seguridad interior para la UE y un fondo específico para impulsar la investigación en tecnologías de seguridad. Se mejorará la formación de las fuerzas de seguridad, especialmente mediante la creación de un programa Erasmus para policías. Y también se reforzarán los sistemas de intercambio y análisis de información sobre amenazas. La UE debe finalmente crear un mandato comunitario de obtención de pruebas.
En materia de justicia, lo más importante para el Ejecutivo comunitario es suprimir totalmente los procedimientos intermedios (exequatur) para la ejecución de las decisiones judiciales de un Estado miembro en otro. En el campo penal, el principio de reconocimiento mutuo debe seguir avanzando. Se aboga además por aproximar las penas para las infracciones más graves y por lograr que al menos el 50% de los profesionales del sector de la justicia hagan parte de su formación en otro Estado miembro.
Finalmente, por lo que se refiere a los derechos de ciudadanía, Bruselas quiere reforzar la protección de los datos privados y crear un certificado europeo para tecnologías, productos y servicios respetuosos con la vida privada. Y para favorecer la participación en las elecciones europeas de 2014, la Comisión propone que se celebren en la semana del 9 de mayo, día de Europa.
