BRUSELAS, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea lanzó hoy una investigación en profundidad ante la sospecha de que la subvención pública por valor de 9,06 millones de euros concedida por las autoridades españolas al fabricante de porcelana Pickman, establecido en Sevilla, podría vulnerar la legislación comunitaria en materia de ayudas de Estado a las empresas en crisis. Si se confirma esta conclusión preliminar, Pickman tendría que devolver estos fondos.
El Ejecutivo comunitario cree que el paquete de ayudas a Pickman -en el que se incluyen créditos, garantías y subvenciones por parte de la Junta de Andalucía y la anulación de las deudas a la Seguridad Social- no se ajusta al comportamiento que hubiera tenido un inversor privado en condiciones de mercado normales.
"Debemos asegurarnos de que las empresas en crisis no obtengan una ayuda pública ilegal y constante sin someterse a una reestructuración necesaria que les permita recuperar su viabilidad", dijo la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, a través de un comunicado. La apertura de una investigación pormenorizada permite a las partes interesadas presentar sus observaciones y no prejuzga el resultado, según precisó la Comisión.
Pickman tiene actualmente alrededor de 140 trabajadores, y en 2005 su volumen de negocios fue 4,28 millones de euros. Tradicionalmente se ha centrado en la producción y venta al por menor de productos de artesanía de alta calidad. Más recientemente, ha diversificado sus actividades a regalos de empresa y vajillas para restaurantes, hoteles y empresas de catering.
La Comisión inició una investigación en abril de 2006 sobre posibles subvenciones ilegales al fabricante tras recibir una denuncia de un competidor. Las ayudas se concedieron en el marco del procedimiento de suspensión de pagos de Pickman a finales de 1997. La Seguridad Social renunció entonces al 82% del dinero adeudado por el fabricante de porcelana (3,3 millones de euros).
Además, con el fin de apoyar la llegada de un nuevo propietario en diciembre de 2003, la Junta de Andalucía acordó en marzo de 2004 conceder dos créditos por un importe de alrededor de 1,86 millones de euros y dos subvenciones por un valor de 2,6 millones de euros a Pickman. Finalmente, en diciembre de 2005, la Junta de Andalucía ofreció a Pickman una garantía de 1,3 millones de euros que cubría el 80% de un préstamo que la empresa había negociado con un banco privado.
AYUDA LEGAL DE RUMASA
Por otra parte, tras una sentencia de noviembre de 2003 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el holding público Rumasa concedió una ayuda financiera pública a la empresa en forma de préstamo participativo por un importe de 4,69 millones de euros.
En su evaluación preliminar, la Comisión ha dictaminado que la ayuda financiera de Rumasa se ajustaba al comportamiento de un inversor en una economía de mercado en circunstancias similares y, por lo tanto, no constituye una ayuda estatal.
En cambio, Bruselas pone en duda que el apoyo de la Junta de Andalucía y de la Seguridad Social sea compatible con el mercado único. Más concretamente, no parece ajustarse al comportamiento de un acreedor privado en condiciones normales de mercado.
"Si al concluir la investigación de la Comisión, se estimase que estas medidas constituyen una ayuda estatal incompatible, las subvenciones ilegalmente concedidas podrían tener que ser reembolsadas por Pickman", destacó el Ejecutivo comunitario a través de un comunicado.
