BRUSELAS 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea podría llevar a Bélgica ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si concluye que las autoridades belgas no han trasladado adecuadamente a su legislación nacional la directiva comunitaria sobre protección de datos, al permitir que la Sociedad Financiera Interbancaria Mundial, Swift, proporcionara a Estados Unidos datos de carácter personal en el marco de la lucha antiterrorista.
Ayer, el primer ministro belga, Guy Verhofstadt, admitió que Swift había violado la ley belga sobre protección de la vida privada y ahora el Ejecutivo comunitario está a la espera de recibir la información que solicitó por carta el pasado mes de julio sobre este caso para decidir si cabe o no emprender acciones judiciales contra Bélgica.
En todo caso, la labor de la Comisión Europea, en su calidad de guardián de los Tratados, consiste exclusivamente en determinar la compatibilidad y adecuada trasposición de la Directiva de 1995 sobre protección de datos a la legislación interna belga, según explicó el portavoz de Justicia del Ejecutivo comunitario, Friso Roscam.
El portavoz recordó que el pasado julio se solicitó a las autoridades belgas responder a una serie de cuestiones sobre el 'caso Swift' y que la Comisión espera que esta información llegue a su poder en las próximas dos semanas, para determinar si se ha aplicado correctamente la mencionada Directiva.
"Si nuestra conclusión es que no ha sido así, la Comisión Europea, en ejercicio de su responsabilidad, puede decidir emprender acciones legales y si envía o no a Bélgica al Tribunal de Justicia", apuntó Roscam. "Pero, evidentemente, no estamos todavía ahí", apostilló.
También dejó claro que, "en ningún caso", puede la Comisión Europea adoptar medidas directas contra Swift y que su interlocutor directo es la autoridad belga competente del caso. Swift reconoció el pasado junio haber transmitido un número limitado de datos a las autoridades norteamericanas, después de que la información fuera desvelada por la prensa de Estados Unidos.
Tras los atentados del 11-S, el Departamento del Tesoro norteamericano puso en marcha un programa secreto de espionaje de las transacciones internacionales a través de la filial norteamericana de Swift, una sociedad cooperativa de derecho belga que hace de intermediario en la mayoría de las transacciones financieras mundiales. Según Estados Unidos, los datos que se trasfieren son sólo los sospechosos de estar ligados a la financiación del terrorismo.
Según las autoridades belgas, Swift ha violado varias disposiciones de la ley belga sobre protección de la vida privada y la Directiva europea que exige un control independiente sobre la transferencia de datos.
'Seguramente Swift se encontró con un conflicto entre el derecho europeo y el norteamericano pero, además de haber pactado mecanismos de protección antes de responder a las peticiones norteamericanas, tendría que haber previsto garantías adicionales sobre la base del derecho europeo, que es más estricto', aseguró ayer el primer ministro belga, que pidió una acción concertada de la UE sobre este asunto.