UE.- El Defensor del Pueblo europeo negocia aún con Madrid los detalles para recibir quejas en las lenguas cooficiales

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Oficina del Defensor del Pueblo Europeo, Nikiforos Diamandouros, está negociando aún con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación los detalles para que los ciudadanos de las Comunidades Autónomas afectadas puedan presentar quejas en sus respectivas lenguas cooficiales, porque hay cuestiones pendientes relativas a la confidencialidad y a los plazos en que se resuelven las reclamaciones, según explicó Diamandouros en una entrevista a Europa Press.

Diamandouros se mostró convencido de que el acuerdo se alcanzará muy pronto, con "confianza mutua y colaboración". Además, dejó claro que la decisión del Parlamento Europeo de no permitir la comunicación con los ciudadanos en las lenguas cooficiales no le afecta. No obstante, precisó también que no puede hacer nada contra esta decisión de la Eurocámara. "No está dentro de mi mandato, mi mandato es la mala administración y eso no incluye las decisiones políticas de las instituciones", indicó.

Durante su intervención en el Foro de la Nueva Sociedad, el 'Ombudsman' europeo explicó que, "en virtud del Tratado", él debe responder a las quejas de los ciudadanos europeos en sus respectivas lenguas oficiales --actualmente 21-- y que el nuevo acuerdo con el Gobierno español para usar las lenguas cooficiales "aún no se ha aplicado". En virtud de este acuerdo, España es la responsable de hacer las traducciones a las lenguas cooficiales, y ello puede plantear un problema cuando las quejas son "confidenciales".

Pero además, explicó a Europa Press que él mismo se ha fijado unos plazos muy estrictos para responder a las quejas, por ejemplo, dando a las instituciones un plazo de tres meses para que contesten a sus demandas, y esos plazos pueden alargarse si hay que enviar los textos a España para que se traduzcan. El plazo medio de resolución de los casos es de entre 4 y 8 meses, y el 93% se tratan en menos de un año.

"Yo mismo podría incurrir en mala administración", señaló, confiando en alcanzar pronto con Madrid un acuerdo que le permita ejercer su función con "responsabilidad" y "siendo justo con los ciudadanos", dado que "el Gobierno español está deseando avanzar".

Diamandouros explicó que su mandato se refiere exclusivamente a la mala administración por parte de las instituciones europeas y subrayó que si se aprobara la Constitución europea su mandato se ampliaría además a todas las agencias comunitarias, como la Agencia Europea de Defensa, la política exterior e incluso el Consejo Europeo, formado por los jefes de Estado y Gobierno.

De aprobarse la Constitución, podrían aplicarse a todos los organismos europeos los cuatro tipos de quejas que hoy recibe: negligencia o falta de acción de las instituciones comunitarias, problemas en los procesos de selección de personal o en concursos para la contratación de bienes y servicios y transparencia y acceso a los documentos.

En todo caso, durante su intervención en el Foro, subrayó que una parte muy importante de la Constitución, que es la Carta de Derechos Fundamentales, ya fue proclamada solemnemente en la Cumbre de Niza (en el año 2000) por las tres instituciones básicas, el Consejo, el Parlamento y la Comisión Europea, de modo que él considera que para estas instituciones la Carta es ya jurídicamente vinculante, y nadie ha rebatido esta interpretación.

VUELOS DE LA CIA

El Defensor del Pueblo de la UE respondió a preguntas sobre múltiples temas de interés europeo, como la investigación del Parlamento Europeo sobre las presuntas actividades ilegales de la CIA en Europa. Tras expresar su rechazo a toda actividad ilegal, recalcó que sólo podría actuar en este tema si "recibiera una queja que se refiriera a una institución europea".

"Sin embargo, pese a la grave preocupación por la situación, me reconforta saber que la información está saliendo del Parlamento Europeo. Además, el Defensor del Pueblo no puede abrir una investigación sobre un tema mientras otra institución (de la UE) lo esté investigando", explicó.

Sobre otros asuntos, Diamandouros aseguró a Europa Press que no ha recibido ninguna queja contra la Comisión Europea por su decisión de no investigar la Oferta pública de Adquisición (OPA) de Gas Natural sobre Endesa, pero detalló algunos casos en los que la acción de su oficina consiguió acercar las posiciones de la Comisión Europea y los ciudadanos, como cuando, en 1998, Bruselas dejó de financiar, por problemas administrativos, las actividades de una organización encargada de proyectos para víctimas del terrorismo de ETA, problema que finalmente se resolvió.

Se refirió, además, a las quejas presentadas por España a la Comisión Europea para que inste a Francia a hacer posible el transporte transpirenaico a través del túnel de Somport, y apuntó que en caso de silencio de la Comisión puede recurrirse a su oficina.

LOS ESPAÑOLES, LOS QUE MÁS SE QUEJAN

Diamandouros comentó el hecho de que los ciudadanos españoles sean los que más quejas presentan a su oficina --un 20% del total en 2005-- y lo atribuyó a que la creación de los defensores del pueblo españoles a partir de la transición contribuyó a crear una "red de interacción que sensibilizó" a los españoles, y apuntó que en algunos casos es evidente la intensa movilización organizada de los afectados.

Es el caso de la construcción del puerto de Granadillas, en Canarias, que ha motivado "casi 6.000 quejas" --frente a las poco más de 2.000 recibidas desde todos los países de la UE en 2005-- o el 'caso de las bibliotecas', en el que más de 400 bibliotecas públicas españolas protestaron por la posibilidad de que la exigencia de Bruselas de que éstas tengan que pagar derechos de autor pueda repercutir en que los usuarios tengan que pagar una tarifa por el préstamo de libros. Bruselas ha decidido poner este caso en manos de los tribunales para buscar una solución.

El Defensor del Pueblo europeo, que fue presentado por el español, Enrique Múgica, se refirió también al desafío de la inmigración y la identidad europea. En el caso de la inmigración, afirmó que la Comisión se ha dado cuenta de que tiene que emprender una acción más decidida sobre todo porque los gobiernos están adoptando enfoques diferentes, como el "bastante liberal y abierto" del Gobierno español.

A preguntas de los asistentes, dejó claro además que no le corresponde a él "proteger la identidad europea" y, en todo caso, dijo que asesoraría a las instituciones sobre cómo hacer que las "múltiples identidades" propias del mundo de hoy fragüen la "identidad europea". "En un mundo de migraciones masivas como el de hoy es muy difícil que la UE, que se presenta como sociedad abierta y tolerante, busque una rigidez a la hora de defender su identidad", apostilló.