UE.- Detractores de construir un puerto en Tenerife piden en el PE que se denuncie a España por violar derecho de la UE

El Gobierno canario, PP y PSOE defienden el proyecto del puerto de Granadilla, paralizado desde hace 5 años

Europa Press Internacional
Actualizado: martes, 21 marzo 2006 15:52

BRUSELAS, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), diversos grupos ecologistas y la Plataforma Ciudadana contra el puerto de Granadilla reclamaron hoy en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, en Bruselas, que la Eurocámara pida al Ejecutivo comunitario constituir una comisión técnica independiente que analice las alternativas al proyecto de construcción del puerto e inicie los trámites contra el Gobierno español, por incumplimiento del derecho comunitario en materia medioambiental.

Para justificar su oposición al proyecto, los peticionarios esgrimieron "dudas razonables" sobre la legalidad del mismo, sostuvieron que está demostrado que España ha vulnerado la directiva europea de impacto medioambiental y que la obra en sí no se justifica porque, en su opinión, no es cierto, como argumentan las autoridades canarias, que el actual puerto de Tenerife esté colapsado y sea imperativo construir otro.

"Solicitamos que se constituya una comisión de expertos independientes que analice con rigor y profundidad si las alternativas al proyecto que se están proponiendo son válidas o no y que el Parlamento Europeo inste a la Comisión a crear una mesa de negociación en la que las dos partes expongan sus argumentos y se determine la realidad que rodea al proyecto de Granadilla", expuso el ex presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y presidente del Comité de Etica del Partido Socialista de Canarias.

Mientras responsables del Gobierno y del Parlamento canarios defendieron la obra acreditando que se trata de una actuación de "indiscutible interés público" para el que no existe alternativa y que, con las medidas correctoras y compensatorias que se han incorporado al mismo, cumple la normativa medioambiental canaria, española y europea. "Constituye una oportunidad de desarrollo económico que permitirá aliviar la desmesurada dependencia del sector turístico", alegó el representante del Cabildo.

El eurodiputado del PP Carlos Iturtgáiz y la eurodiputada socialista Inés Ayala arroparon las tesis de la Administración canaria mientras que el representante del Grupo de los Verdes, David Hamerstein, y de la Izquierda europea, Willy Meyer, se unieron a los peticionarios poniendo de relieve el "rechazo social" que ha provocado esta iniciativa en las islas.

Iturgáiz pidió que el caso se dé por cerrado y Ayala lamentó los retrasos a los que se está sometiendo el proyecto por lo que reclamó "tomar una decisión cuanto antes". La irónica sugerencia del eurodiputado británico del PPE Robert Atkins de enviar durante cuatro semanas una comisión parlamentaria a las playas canarias para evaluar la cuestión 'in situ' tuvo una cálida acogida.

Atkins pidió también a la Comisión Europea si ha elaborado un análisis del coste-beneficio del proyecto de Granadilla, si ha tenido en cuenta que la iniciativa cuenta con la unanimidad del gobierno local, regional y nacional, y si ha llevado a cabo un estudio de impacto medioambiental "objetivo" para evitar las sospechas que siempre recaen en los estudios realizados por los gobiernos que defienden el proyecto.

El representante de la Dirección General de Medio Ambiente del Ejecutivo comunitario señaló que, en este momento la Comisión estudia los escritos de los peticionarios en estrecha colaboración con las Direcciones Generales de Transportes y de Política Regional, así como que es intención del comisario de Medio Ambiente, Stravros Dimas, presentar lo antes posible al colegio de comisarios una decisión.

Por su parte la Dirección General de Política Regional dijo que conviene tener en cuenta que Canarias dejará de ser en el próximo periodo financiero (2007-2013) región objetivo 1 y pasará a ser objetivo 2, lo que obligará a que el 55% de los fondos estructurales asignados se destinen a políticas de convergencia y no a infraestructuras. En todo caso, el representante de esta Dirección General dijo que si las autoridades españolas deciden solicitar financiación la CE lo estudiará.

NO ESTA ZANJADO

Una vez escuchadas todas las partes y tras dos horas de audiencia, el presidente de la Comisión de Peticiones, el polaco Marcin Libicki, admitió que habría que volver a abordar el tema una vez conocida la opinión del Ejecutivo comunitario y que el asunto no se puede dar por zanjado porque la Comisión parlamentaria no estaba en condiciones de emitir una opinión hoy mismo.

Si una queja como la presentada hoy se admite a trámite, la Comisión de Peticiones de la Eurocámara puede pedir a la Comisión Europea que haga una investigación preliminar e informe de si se respeta o se infringe la legislación comunitaria pertinente o transmitir la petición a otras comisiones del Parlamento Europeo para que informen o inicien otras acciones. En casos excepcionales, puede someter un informe a la Eurocámara para que sea votado en sesión plenaria o bien efectuar una visita para recoger información sobre el terreno.

Maria José Caballero, responsable de la campaña de costas de Greenpeace, consideró que se ha dado "un paso importante" y confió en que la UE le dé la razón porque, en su opinión, "Granadilla no es un proyecto que necesita Canarias sino otra manera de dilapidar recursos causando mucho daño ambiental".

El Gobierno canario, mientras, espera lograr la luz verde de la Comisión Europea para que el puerto pueda edificarse. "Tenemos la esperanza y la seguridad de que esta institución comunitaria dará vía libre a una infraestructura absolutamente necesaria para Tenerife, para Canarias y para Europa", dijo por su parte el presidente del Parlamento Canario, Gabriel Mato.

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