MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno español es partidario de poner fin, a partir del próximo 1 de mayo, a la moratoria que impide a los ciudadanos de los nuevos socios de la UE disfrutar de la "libre circulación de trabajadores" y permitir su entrada en España, según fuentes diplomáticas consultadas por Europa Press.
No obstante, el Ejecutivo está a la espera de que la Comisión Europea publique en breve un análisis que han tenido en los flujos migratorios las cláusulas de salvaguardia que llevan dos años en vigor. Además, tiene presente que la situación de los mercados laborales es diferente en función de los países: mientras algunos, como Polonia, llegan a una tasa de paro del 17%, otros, como los Bálticos, tiene tasas inferiores a España.
Los Gobiernos de los Quince deben tomar una decisión antes del 1 de abril, ya que el 1 de mayo de 2006 se cumplen dos años de la ampliación de la Unión a 10 nuevos Estados miembros (Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Lituania, Letonia, Malta y Chipre).
Ante el temor a que la supresión de fronteras motivara una avalancha de trabajadores de los nuevos socios del este, los Quince se dotaron de una moratoria a la libre circulación de trabajadores que podía oscilar entre dos y siete años, es decir, prolongarse como mucho hasta 2011. Todos los entonces miembros de la Unión aplicaron la moratoria, con la excepción de Reino Unido, Irlanda y Suecia.
Ahora, el Gobierno español es partidario de no prolongar más esta cláusula de salvaguardia, pero quiere que sea una decisión de consenso entre varios países y espera que otros, por ejemplo Grecia o Finlandia, también lo hagan.
Sin embargo, no es previsible que se alineen a esta posición otros socios, como Alemania o Austria --que fueron los promotores de la moratoria--, que comparten amplias fronteras con los nuevos socios, o Francia, donde los temores a los efectos de la ampliación de la UE se identificaron como una de las causas del rechazo a la Constitución europea.
El Gobierno español --tanto éste como el anterior-- no ha estado nunca entre los partidarios más fervientes de la moratoria. El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Angel Moratinos, ya ha expresado la posición española a varios de sus homólogos del este de la UE en el último año y medio, pero la decisión final depende de los análisis que haga la Comisión y de las negociaciones con los demás socios.
Además, el Gobierno tiene en cuenta que es posible introducir otro tipo de controles que no obstaculicen la libre circulación, como de hecho hacen los países que no aplicaron la moratoria.
El 1 de abril los Gobiernos deberán informar a Bruselas de si extienden la moratoria otros tres años, hasta 2009. Al cabo de ese periodo, los países pueden solicitar una moratoria de dos años más, hasta 2011, pero esa petición debe estar justificada objetivamente por serias perturbaciones de su mercado laboral.
A este asunto se refirió también hoy el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, y se mostró cauto, apuntando que los países que no hicieron uso de esa moratoria "se sienten muy satisfechos", mientras que los que sí la impusieron han recibido flujos migratorios de otros países.
Durante su participación en los desayunos informativos de Europa Press, estimó que "el saldo de los flujos migratorios no depende de haber hecho uso o no (de la moratoria)", sino de otros factores, y recordó que para los dirigentes y ciudadanos de los nuevos socios "resulta muy difícil" que se mantenga esa cláusula "por motivos de dignidad y de orgullo nacional", ya que se les mantiene la restricción mientras se les exigen esfuerzos de convergencia en otros asuntos.
Almunia quiso recordar a los presentes que él era ministro de Trabajo cuando España negoció su adhesión a la UE y que entonces insistía en que no era necesario imponer moratorias a España. "No imaginéis que suprimir la cláusula de salvaguardia va a hacer que los checos nos invadan", afirmó. Igual que sucedió con la adhesión española, argumentó que lo más probable es que los inmigrantes del este decidan regresar a sus países a medida que estos mejoren económicamente.