BRUSELAS, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero continuará su batalla para lograr que el Parlamento Europeo (PE) admita el uso de las lenguas cooficiales españolas, como han hecho ya otras instituciones comunitarias, y no descarta acudir al Tribunal de Justicia de la UE si los servicios jurídicos de la Abogacía del Estado consideran recurrible la decisión adoptada ayer por la Mesa de la Eurocámara, que rechazó la posibilidad de que los ciudadanos españoles puedan dirigirse a este órgano en su lengua materna.
Además, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Angel Moratinos, recabará el apoyo de sus colegas europeos, para pedir al Parlamento que reconsidere su posición, durante el Consejo que se celebrará en Bruselas el lunes día 15 de mayo, según explicó a Europa Press el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Alberto Navarro, que también se encargará de suscitar este asunto en el marco del debate titulado 'Comunicando Europa' que tendrá lugar en el Consejo.
Entre la batería de propuestas que baraja el Ejecutivo con la finalidad de conseguir que la Cámara de Estrasburgo permita a los doce millones de españoles que hablan una lengua distinta al castellano hacer uso de la misma, Navarro anunció que se hará un llamamiento a todos los ciudadanos --y no sólo los de las comunidades autónomas directamente afectadas por la decisión del Parlamento-- para que ejerzan su derecho de petición y se dirijan a la Eurocámara solicitando poder comunicarse en su lengua.
"Vamos a seguir insistiendo y vamos a animar a los ciudadanos a ejercer el derecho de petición", aseguró Navarro tras calificar de "desagradable sorpresa" el rechazo expresado ayer por la Eurocámara, una decisión que no sólo dijo lamentar "profundamente" sino que achacó exclusivamente a la actuación "obstruccionista" del grupo popular y, concretamente, al vicepresidente del PE, el catalán Alejo Vidal-Quadras.
"No son razones técnicas, como alega Vidal-Quadras, sino que se trata de una oposición de fondo al concepto mismo, pese a que se trata de un derecho fundamental como es poder comunicarse en su propia lengua", argumentó el responsable de Exteriores, que defendió, de paso, la iniciativa española "razonable y de mínimos".
La petición consistía en que las comunicaciones escritas entre los ciudadanos y el Parlamento se pudieran hacer en las lenguas cooficiales españolas, así como la publicación en la página web de esta institución comunitaria de los actos de codecisión entre el Parlamento y el Consejo.
Las traducciones las realizaría directamente la Eurocámara, lo que haría más breve el trámite y España correría con todos los gastos. El Gobierno ha conseguido firmar un acuerdo administrativo similar con el Consejo, la Comisión y el Comité de las Regiones (CdR), entre otros órganos y confía en cerrarlo próximamente con el Defensor del Pueblo.
No obstante, ayer la mesa del Parlamento Europeo, formada por su presidente Josep Borrell y los 14 vicepresidentes, rechazó por siete votos en contra y seis a favor que los ciudadanos catalanes, valencianos, gallegos y vascos puedan dirigirse por escrito a esta institución.
Votaron en contra todos los vicepresidentes del Partido Popular Europeo, incluido el español Alejo Vidal-Quadras, y uno del grupo de los liberales y demócratas, y apoyaron la propuesta el resto de grupos. Borrell respaldó el uso de las lenguas oficiales.
La Eurocámara tumbó así incluso la propuesta de mínimos que había presentado el Gobierno español para sortear la oposición a que los eurodiputados pudieran utilizar las lenguas cooficiales durante los plenos. El Gobierno había decidido aparcar esta demanda hasta 2007 y centrarse en el derecho de petición.
