LUXEMBURGO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea acordó hoy en Luxemburgo facilitar el movimiento de los ciudadanos de países vecinos a la Unión, una medida que afectará especialmente a los diez nuevos socios, que tienen una amplia frontera con terceros países a los que se les exige visado para entrar en territorio comunitario.
El Reglamento al que ha dado hoy luz verde la UE sienta las bases para el 'tráfico local fronterizo' en las fronteras exteriores de los Estados miembros y regula el paso de los nacionales de terceros países que viven cerca de la frontera de países miembros de la UE y viajan regularmente por razones de negocios o estudios, sin suponer por ello una amenaza para la seguridad o el orden público.
La Comisión Europea ya presentó en 2003 una propuesta legislativa para facilitar el movimiento de los ciudadanos vecinos de los países miembros. Entre las medidas se contempla establecer puntos de control específicos en las aduanas para este tipo de viajeros, filas prioritarias en los puntos de control generales o tener en cuenta las circunstancias específicas de los ciudadanos de estas zonas. Prevé también que, de manera excepcional, se pueda traspasar la frontera fuera de las horas prefijadas.
"Cuando este Reglamento entre en vigor, la vida diaria de la gente que vive en las áreas fronterizas será considerablemente más fácil, manteniendo al mismo tiempo los controles en las fronteras exteriores que establece Schengen", subrayó al respecto el responsable de Justicia, Libertad y Seguridad del Ejecutivo comunitario, Franco Frattini.
Para aplicar este nuevo régimen, los Estados miembros tienen que finalizar antes los acuerdos bilaterales con sus vecinos de terceros países y deben también mantener los acuerdos existentes en esta materia, siempre y cuando no sean incompatibles con la nueva reglamentación.
Este nuevo plan sobre el tráfico transfronterizo entrará en vigor sólo después de que se adopte la exención de la obligación de visado para los residentes locales de las áreas próximas a los Estados miembros, una propuesta que hizo la Comisión Europea el pasado julio. El Ejecutivo comunitario deberá hacer un informe a los dos años de la entrada en vigor de la medida, para proponer adaptaciones legislativas si fueran necesarias.