UE.- La UE tendrá a partir de 2008 un fondo de emergencia para inmigración dotado con 10 millones anuales

BRUSELAS, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea acordó hoy modificar el funcionamiento del Fondo Europeo de Refugiados para permitir que pueda usarse en "casos de emergencia" cuando se produzca una llegada repentina de inmigrantes a las fronteras externas de la Unión Europea, según explicó el portavoz de Justicia, Libertad y Seguridad del Ejecutivo comunitario, Friso Roscam.

Este fondo adicional estará operativo a partir de 2008, tendrá una dotación de 10 millones de euros anuales para el conjunto de la UE y podrá financiar hasta el 80% de los proyectos presentados por los Estados miembros para hacer frente a las necesidades derivadas de las crisis migratorias como la que viven en estos momentos las costas canarias.

El portavoz de Frattini explicó que la iniciativa comenzó a plantearse a raíz de la situación creada en Ceuta y Melilla en octubre del año pasado y a petición del gobierno maltés, también afectado por la llegada masiva de irregulares.

Así, se ha modificado el Fondo Europeo de Refugiados, que cuenta con un presupuesto de 100 millones de euros al año, y se ha incluído una estructura para "casos de emergencia" que se utilizará cuando haya una llegada "repentina" de inmigrantes en las fronteras externas, independientemente de que se trate de solicitantes de asilo o inmigrantes económicos. Se trata simplemente, según explicó el portavoz, de personas llegadas de "terceros países".

La CE podría, por tanto, financiar medidas de emergencia, que no podrá rebasar nunca el periodo de seis meses ni el 80% del coste total del proyecto, y el fondo tendrá una disponibilidad "inmediata" para evitar todo tipo de burocracia, de forma que la asistencia pueda prestarse "lo antes posible y sin obstáculos", agregó Roscam.

DEBATE DE ORIENTACION

Por otro lado, el colegio de comisarios, que hoy mantuvo un "debate de orientación" sobre inmigración, acogió favorablemente la batería de medidas planteadas por el comisario Franco Frattini a la vicepresidenta primera del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, que ayer visitó Bruselas para recabar el apoyo de las instituciones comunitarias a la crisis provocada por la oleada de inmigrantes ilegales procedentes de Africa.

Entre las quince medidas para atajar el problema, se acordó la movilización, en el plazo de quince dias, de un sistema de vigilancia naval y aéreo en torno a las costas canarias y africanas coordinado por la Agencia Europea de Control de Fronteras (Frontex), en el que ya se han mostrado dispuestos a participar ocho países de la UE. Se trata de Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Dinamarca, Países Bajos, Grecia y Malta, según indicó Roscam.

Frontex enviará antes del 30 de mayo un equipo de expertos a las islas Canarias para analizar la situación sobre el terreno con las autoridades españolas y el gobierno regional con el objetivo de tener información detallada sobre los lugares de procedencia y de llegada de los inmigrantes. Además, el 30 de mayo, el consejo de administración de la Agencia aprobará el envío de dos equipos de intervención rápida compuestos por expertos en sanidad e identificación de diferentes países y que funcionará como proyecto piloto.

La instalación en Canarias de un centro de Frontex que se encargará de coordinar todos los medios, tanto de expertos, como logísticos, que la Agencia ponga a disposición de España o el apoyo logístico y operativo al despliegue diplomático que España ha puesto en marcha en Africa Occidental, son otras de las medidas acordadas ayer con la vicepresidenta primera del Gobierno.

También se construirán con cofinanciación europea dos centros de acogida temporal de inmigrantes en Mauritania y Senegal y se establecerá un mecanismo de coordinación de los oficiales de enlace de inmigración de los Estados de la UE en Africa subsahariana, con el objetivo de incrementar el intercambio de información en la lucha contra la criminalidad y las mafias. La Comisión está dispuesta igualmente a financiar proyectos de repatriación conjunta de inmigrantes irregulares en los que participe España.