LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -
ANPE Canarias ha rechazado la postura del Gobierno de España sobre los sexenios al profesorado y ha defendido su legalidad señalando que su pago y el de otros complementos retributivos son una medida que se aplica desde enero de 2018 como consecuencia del acuerdo suscrito en 2017 por el Gobierno de Canarias y las centrales sindicales.
En un comunicado, el presidente de la organización sindical en las islas, Pedro Crespo, ha explicado que el sindicato "puede permitirse hablar alto y claro en esta grave controversia que parece enfrentar ahora a los dos gobiernos".
"Cualquier persona que posea unos mínimos conocimientos administrativos --agregó-- sabe distinguir perfectamente entre los conceptos de sueldo, que está constituido por las retribuciones básicas que percibe un funcionario, y de complemento retributivo, como sucede con el complemento por formación continua, que cobran desde hace muchos años todos los docentes en España".
Crespo comentó asimismo que cuando el Estado establece para determinado ejercicio económico un tope máximo de subida salarial aplicable a todos los empleados públicos se refiere a sus retribuciones básicas, pero no a las complementarias.
Aquí, apuntó que en este caso, además de tratarse del simple reconocimiento administrativo de los sexenios perfeccionados por los docentes a lo largo de su trayectoria profesional y su posterior abono en la nómina, el tope salarial fijado por el Estado se adoptó con posterioridad al acuerdo del Gobierno de Canarias.
Con todo, el presidente resaltó que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública "tiene sobrada información de que en el resto de España todos los docentes no universitarios cobran desde hace años este mismo complemento retributivo, que conseguimos recuperar para el profesorado de Canarias gracias al acuerdo de 2017 y que, además, plantea un horizonte de cinco años, hasta 2022, para lograr de manera gradual la equiparación del importe final de los sexenios con la media estatal".
"Estaremos alerta sobre la dirección que toman estas anunciadas conversaciones para buscar una salida consensuada entre el Estado y Canarias porque no vamos a permitir que se cuestione la vigencia de ninguna de las medidas incluidas en nuestro acuerdo ni, por supuesto, que se pretenda tomar el pelo a todo el profesorado de Canarias", concluyó Crespo.