Aplazado el juicio contra 14 acusados de tráfico de drogas en Gran Canaria por el cambio de uno de los abogados

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El juicio contra los 14 acusados de tráfico de drogas en Gran Canaria, en el que el fiscal pide hasta 17 años de prisión y multas de hasta 300 millones de euros, ha quedado aplazado hasta el próximo 18 de septiembre por el cambio de uno de los abogados.

Durante el proceso, que se celebró en la mañana de hoy en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, uno de los acusados, M.E.C.O, solicitó reemplazar a su abogada alegando que se sentía "indefendido" por la letrada Idoia Mendizabal.

La sala, presidida por la jueza Oliva Morillo, denegó la petición del acusado al considerar que la letrada había "hecho bien su trabajo". Al rechazar el cambio de abogado, la sala procedió a continuar con el juicio.

No obstante minutos más tarde, la letrada Mendizábal alegó que renunciaba a defender a M.E.C.O. por razones de "confianza". "Si no confía en mi defensa no puedo seguir representándolo", indicó la letrada.

Por ello, la sala de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas manifestó que el juicio quedaba "aplazado" hasta el próximo 18 de septiembre, aunque mañana se celebrará una audiencia para que el acusado pueda elegir nuevo representante legal.

Por su parte, el fiscal, Javier García Cabañas, aseguró que "lo único que pretenden es dilatar el proceso hasta el 13 de octubre", fecha cuando se cumplen cuatro años desde que se cometió el delito contra la salud pública y según la ley la sala se vería obligada a ordenar la libertad para aquellos acusados que continúan en prisión.

En concreto, a los acusados se les imputa un delito contra la salud pública al formar parte de una operación que entre los años 2004 y 2005 operó para importar a Gran Canaria una gran cantidad de cocaína, que habría de ser entregada o trasbordada en aguas internacionales y cuyo valor en el mercado ilícito alcanza un total de 101.794.603 euros.

Según la Policía, el procesado identificado como W.P.D., "principal responsable de dicho entramado, contactaba con los proveedores de la droga y distribuía los papeles a desarrollar por el resto de miembros participantes". Así, contactó con el procesado N.P.S. para utilizar una embarcación de la que éste era armador para la realización de recepción y transporte de la cocaína.

Por otra parte, M.I.M.P., esposa de N.P.S., prestaba supuestamente "apoyo logístico a la embarcación, comunicaba con el capitán del buque para transmitirle información referente a este concreto transporte y facilitaba las comunicaciones de su marido con otros implicados en esta operación".

Además, W.P.D. contaba con la participación de A.E.H.C. y M.E.C.O., quienes puestos previo y común acuerdo con él se encargaban presuntamente de formalizar la infraestructura necesaria, hacer pagos que surgieran y, entre otras funciones, transmitir la información al resto de partícipes.

UN TOTAL DE 108 FARDOS DE COCAÍNA

Así, sobre las 05.30 horas del día 13 de octubre de 2005, miembros del Cuerpo Nacional de Policía y del Servicio de Vigilancia Aduanera procedieron al abordaje y posterior aprehensión de la embarcación implicada, momento en el que el buque no enarbolaba pabellón alguno, cuando se encontraba en aguas internacionales, incautándose 108 fardos de cocaína.

A bordo de la embarcación se encontraban los procesados V.A., A.T., V.T., G.N., I.P, M.A.A.V., V.B., P.K. y P.S., que, según el Ministerio Público, "no sólo conocían que la auténtica finalidad del viaje era recoger y transportar la cocaína, sino que participaron de forma activa en la carga y estiba de la misma noche anterior desde otro barco".

La sustancia aprehendida resultó ser cocaína con un peso de 2.722,6 kilogramos con riqueza del 75 por ciento y 4,5 kilogramos con riqueza del 76,47 por ciento. Su valor en el mercado ilícito alcanza un valor de 101.794.603 euros.

Igualmente, el día 13 de octubre de 2005 se procedió a la detención de W.P.D. interviniéndole 1.705 euros y ocho terminales de telefonía y en su domicilio habitual en Madrid, tras ser registrado judicialmente, se incautaron otros 12 teléfonos móviles, un equipo de transmisión radiofónica y 7.800 euros.

Durante la misma jornada fue detenido A.E.H.C., propietario de tres vehículos previstos para utilizarse en la operación, y M.E.C.O., al que se le incautaron dos terminales de telefonía móvil y 120.515 euros procedentes de su participación en el operativo.

N.P. y M.I. fueron detenidos el mismo día de la aprehensión, siéndoles incautados al primero 80 euros y tres terminales de telefonía móvil. Con posterioridad tras registro en el domicilio común y habitual de ambos en Las Palmas de Gran Canaria se incautaron a N.P. 31.135 euros y otros nueve terminales de telefonía móvil.

Fruto de la ilícita actividad, N.P.S. es propietario de ocho vehículos y ostenta la titularidad de cuatro fincas en Las Palmas de Gran Canaria y tres en Fuerteventura. Por su parte, su mujer ostenta la titularidad de dos terrenos en la capital grancanaria y 20 en Fuerteventura.