Ascav denuncia al Gobierno de Canarias por ocultar datos en la tramitación de la ley de alquiler vacacional

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno de Canarias ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por negarse a facilitar la documentación relativa a las más de 5.000 alegaciones que se presentaron en la consulta pública sobre la futura ley de viviendas vacacionales.

La asociación recuerda en un comunicado que el 7 de diciembre de 2023 solicitó a la Consejería de Turismo copia íntegra de las alegaciones presentadas en el trámite de consulta pública y solicitando que se entregaran debidamente anonimizadas.

En cambio, la Consejería negó el acceso a esas alegaciones, esgrimiendo un motivo que ni siquiera está previsto en la ley de transparencia, concretamente que "no se dispone de medios suficientes para realizar tareas de anonimización de las citadas aportaciones" --cuando lo cierto es que las alegaciones se presentaron por la ciudadanía a través de internet, distinguiéndose separadamente los campos de 'nombre y apellido' con lo que era muy sencillo filtrar tan solo el contenido de las alegaciones obviando los datos personales--, señala.

Frente a ello, apunta que la Consejería se ha limitado a realizar un 'Informe definitivo de la necesidad normativa' que "es una auténtica oda a la restricción o Manifiesto Anti-Vivienda Vacacional redactado por el propio Gobierno de Canarias a fin de tener el respaldo necesario que justifique su normativa anti-vivienda vacacional".

En ese informe, prosigue la asociación, la Consejería se ha limitado a clasificar las consultas en grupos, según los criterios estimados por la propia Consejería, pero sin permitir el acceso al contenido de las alegaciones.

"Pero lo que es más grave", indica Ascav, es que el Gobierno de Canarias "ha ocultado" a la ciudadanía que más del 70% de las alegaciones que se presentaron por la ciudadanía en la consulta pública fueron en contra de la futura ley.