La Audiencia de Las Palmas juzga a 4 acusados por una red que trasladó a 47 migrantes y creó 58 residencias falsas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección II de la Audiencia Provincial de Las Palmas celebrará el próximo miércoles, 22 de octubre, un juicio contra cuatro personas por supuestos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsificación de documento público al conformar una red que facilitó, previo pago, el tránsito irregular a la Península de unos 47 inmigrantes llegados en patera a Canarias y la obtención fraudulenta de 58 autorizaciones de residencia en España.

En este sentido, la Fiscalía Provincial de Las Palmas ha presentado un escrito de acusación ante el Juzgado de Instrucción Nº7 de Las Palmas de Gran Canaria contra una mujer magrebí (S.B) y uno de sus hijos (Y.M., puesto que el otro, A.M., no ha sido incluido en la causa al haber huido a Marruecos) por propiciar el traslado de los inmigrantes; así como contra M.S.M. por falsificar documentos y E.B.P como cooperador necesario; en las que solicita penas que van desde los tres hasta los seis años de prisión.

El Ministerio Fiscal recoge que las investigaciones de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (UCRIF Central) y de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras (UCRIF Grupo II) de Las Palmas detectaron una red magrebí de carácter familiar que, desde Gran Canaria, habría trasladado a la Península y a otros países de la UE a unos 47 inmigrantes irregulares entre noviembre de 2021 y julio de 2022.

En concreto, de las pesquisas se extrae que la mujer, en situación regular en España, sería la cabecilla de la trama y que contactaba con personas que organizaban en Marruecos la salida de las pateras para ofrecer a los inmigrantes el propiciarle salir luego de las islas.

Una vez que los inmigrantes pagaban, la trama los identificaba con nombre y apellido para recogerles luego en el Centro de Atención Temporal de Inmigrantes (CATE) de Barranco Seco o en los hoteles del sur de Gran Canaria en los que el Gobierno los alojaba.

Entonces, este grupo familiar alojaba a los migrantes en viviendas de Las Palmas de Gran Canaria y de Arucas, les proporcionaba ropa y billetes de transporte, e incluso les instruía para simular solicitudes de asilo, aconsejándoles alegar motivos falsos para evitar su devolución.

Además, la red también habría favorecido la fuga de menores inmigrantes de centros de acogida, a los que se les facilitaba viajar con documentación manipulada.

DOCUMENTACIÓN FALSA PARA OBTENER RESIDENCIA EN ESPAÑA

Por otra parte, los investigadores comprobaron que la cabecilla de este grupo familiar se interesó por el negocio de M.S.M., a quien la Fiscalía atribuye la gestión de un segundo entramado destinado a obtener residencias legales mediante documentación falsificada, por la que cobraba al menos 4.000 euros por persona.

En colaboración con E.B.P., habría manipulado certificados de nacimiento y empadronamientos para simular vínculos familiares con ciudadanos españoles, logrando así la regularización de al menos 58 inmigrantes.

Aquí, la investigación ha permitido constatar que M.S.M. facilitaba la entrada fraudulenta de ciudadanos marroquíes y mauritanos a España, a quienes previamente había ayudado a obtener de manera fraudulenta una autorización de residencia.

La Fiscalía ha indicado en este punto que M.S.M. presentaba por sí mismo o a través de algún abogado documentos manipulados como certificados del registro civil de personas que se hacían pasar por hijos de otras que eran españolas de origen o certificados de empadronamiento.