SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 May. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Municipal Avante La Laguna, al que pertenece el concejal de Urbanismo, Santiago Pérez --también senador por el PSOE--, ha emitido un comunicado este viernes en el que defiende la legalidad de los contratos suscritos por el área de Desarrollo Rural y vincula la denuncia interpuesta por el concejal no adscrito, Alfredo Gómez, ante el Tribunal Supremo, a una "negligencia inexcusable" del exsecretario del Pleno.
Desde Avante esgrimen un informe del jefe de Servicio del Área de Promoción y Desarrollo Local de La Laguna en el que señala que el informe del exsecretario "confunde e identifica sin más" la existencia de dos decretos en el mismo procedimiento de cada contratación con la existencia de dos contratos.
Así, indican que es un "grave error" del exsecretario sumar todos los decretos como si fueran adjudicaciones de contratos diferentes para llegar a la conclusión errónea de que se había superado el máximo legal por contratos menores --más de una decena por importe cercano a los 200.000 euros--
En esa línea apuntan que "no hay ninguna resolución dictada frente a informes jurídicos o de Intervención en Desarrollo Rural", y tanto en esta área como en la de Vivienda o la de Urbanismo la instrucción dictada por el concejal delegado, y compartida por quienes esa áreas, "ha sido la del respeto absoluto a la legalidad de contratos".
El informe del jefe de servicio, hecho público por Avante, remarca que a veces pueden existir dos decretos sobre un mismo asunto pero no tratarse de dos adjudicaciones de contratos sino de otras circunstancias, como la imputación del pago a un ejercicio presupuestario posterior; la subsanación de un error o la transferencia de un contrato de un área a otra porque a posteriori aparece como más conveniente que sea tramitado por esta.
Desde Avante indican también que el área de Desarrollo Rural "ha sido prácticamente creada" por el actual Gobierno "y está siendo gestionada con gran éxito Aitor López", a diferencia de lo que ocurría en la época de gestión de Coalición Canaria, "que la usaba para pagar gastos de fiestas o para contrataciones verbales sin el menor procedimiento, lo que ha dado lugar a pronunciamientos judiciales condenando al Ayuntamiento".