Archivo - El Cabildo de Tenerife licita por 18 millones la mejora y limpieza de las zonas verdes de las carreteras insulares - CABILDO DE TENERIFE - Archivo
SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 May. (EUROPA PRESS) -
El Cabildo de Tenerife ha aprobado de forma definitiva los criterios de actuación en tramos urbanos o altamente poblados y travesías para la gestión de proyectos de obras en carreteras, tras analizar y resolver las alegaciones presentadas por distintos ayuntamientos de la isla.
Estos criterios establecerían un marco "claro" de colaboración entre la corporación insular y las administraciones locales, con el objetivo de "adaptar" las carreteras a su entorno urbano, "mejorar" la seguridad vial y "garantizar una adecuada prestación de servicios."
En concreto, determinan la distribución de responsabilidades entre administraciones, diferenciando entre los elementos propios de la infraestructura viaria --como la calzada, la señalización o la estructura de la vía-- y los vinculados al entorno urbano, como el alumbrado público, el mobiliario o determinadas redes de servicios en aceras.
Asimismo, se establece que el Cabildo asumirá las actuaciones de mayor complejidad técnica, incluyendo la redacción de proyectos, su contratación y la dirección de obra, mientras que los ayuntamientos participarán en la ejecución y mantenimiento de los elementos de carácter municipal. El modelo incorpora medidas de flexibilidad para adaptarse a la realidad de cada municipio y garantizar que las localidades con menor capacidad técnica o económica puedan acceder a estas actuaciones en condiciones de equidad.
La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha señalado que este acuerdo es "un paso importante" para modernizar las infraestructuras viarias y adaptarlas a la realidad de los núcleos urbanos, garantizando la cooperación institucional con los ayuntamientos.
"Desde el Cabildo somos conscientes de las diferencias de capacidad entre municipios, especialmente los más pequeños, por lo que se han incorporado medidas de flexibilidad y apoyo para evitar desigualdades territoriales y facilitar el acceso a estas actuaciones", ha aseverado en una nota.
El acuerdo aprobado se basa en el análisis técnico de las alegaciones presentadas por los ayuntamientos y en la normativa vigente en materia de régimen local, que establece la distribución competencial entre administraciones.