La campaña ecologista "Canarias, paraíso de la especulación" propone 16 medidas para evitar la corrupción urbanística

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La federación Ben Magec-Ecologistas en Acción ha puesto en marcha la campaña "Canarias, paraíso de la especulación" con el objetivo de que la ciudadanía tome conciencia de los graves problemas de corrupción y especulación urbanística que aquejan al Archipiélago.

La campaña, que recoge 16 propuestas de cambio, promueve la adopción de medidas legales y políticas que consigan paralizar "la vorágine urbanística, que eviten nuevos casos de corrupción, que garanticen la conservación de nuestro medio ambiente y nuestros recursos naturales y que promuevan un desarrollo sostenible y equilibrado".

Los ecologistas proponen la prohibición legal de los convenios urbanísticos, "que son puras compraventas de recalificaciones urbanísticas", así como la venta de los aprovechamientos urbanísticos de los ayuntamientos y de suelos públicos para usos que no sean equipamientos públicos o viviendas protegidas.

También piden la prohibición de las modificaciones puntuales que tengan por objeto reclasificar suelos no urbanizables a urbanizables, o recalificar suelos terciarios, industriales, de equipamientos o zonas verdes a usos residenciales.

La obligatoriedad de construcción de los equipamientos con carácter previo a los desarrollos inmobiliarios y que la protección del suelo deba suponer la imposibilidad de su reclasificación como suelo urbanizable en un periodo mínimo de 50 años, son otras de las medidas que contiene la campaña de la federación Ben Magec.

También exponen que el crecimiento urbanístico de los pueblos y ciudades debe tener un límite legal, en base a las necesidades de vivienda protegida y de equipamientos públicos. De ahí que crean que no se debe permitir a ningún ayuntamiento reclasificaciones y/o recalificaciones que supongan más de un 10% de aumento de viviendas y suelo urbano/urbanizable por cada década, con la única excepción de las necesidades de vivienda protegida.

Tal y como defienden los ecologistas, los crecimientos urbanísticos deben realizarse como ampliación de los actuales núcleos urbanos, recogiendo estrictamente la filosofía al respecto de las Directrices Generales de Ordenación, prohibiendo las urbanizaciones segregadas de los núcleos urbanos.

Respecto al suelo costero, destacan la necesidad de aumentar la Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo Terrestre de los 100 metros mínimos que prescribe la ley a los 500 metros, "para blindar el frente litoral contra las presiones especulativas".

Como medida "fulminante" contra la corrupción proponen la creación de mecanismos ágiles (pero excepcionales) de retirada total o parcial de las competencias urbanísticas a los Ayuntamientos que cometan o permitan ilegalidades urbanísticas.

La exigencia de certificación de la legalidad de las inversiones antes de aprobar cualquier plan urbanístico o licencia de obras para impedir el blanqueo de dinero, la obligatoriedad de realizar una declaración anual de bienes de los cargos electos y de libre designación de los Ayuntamientos, y de sus familiares directos, con acceso público y el compromiso político de un pacto anticorrupción, que incluya la destitución inmediata de cualquier cargo electo o de libre designación, que esté imputado, procesado o condenado por la justicia, son actuaciones de vital importancia para los ecologistas.

De igual forma, piden la potenciación de las fiscalías anticorrupción y contra los delitos medioambientales y urbanísticos y la creación de juzgados insulares o provinciales especializados en este tipo de delitos. Otra de las medidas que ayudaría a "frenar la corrupción" consiste en facilitar el ejercicio de la acción pública a las asociaciones entre cuyos fines se encuentran la defensa de la legalidad, del territorio y del medio natural, así como la exigencia de responsabilidad a los miembros de dichos tribunales y fiscalías si hicieran dejación de las funciones encomendadas.

Por último, la federación ecologista exige a las autoridades competentes la promoción de la participación pública en los procedimientos administrativos, facilitando el acceso a la información de las normas, planeamiento municipal y de todo tipo de proyectos de construcción, así como de los informes técnicos y jurídicos que lo justifican, implementando la posibilidad de que la ciudadanía se pronuncie mediante consulta popular sobre los proyectos importantes de cada municipio o isla.