SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Canarias ha detectado una falta de sensibilidad por parte de Madrid para afrontar, en la subcomisión bilateral correspondiente, las consecuencias de la inmigración en las islas.
Esta denuncia fue realizada por el consejero de Presidencia y Justicia, José Miguel Ruano, en el pleno del Parlamento regional.
Ruano aclaró al PSC que una ley de residencia en Canarias es competencia del Estado mientras que el PP pidió al Ejecutivo nacionalista que abandone la demagogia.
La portavoz del grupo Mixto, Maria Isabel Déniz, solicitó la comparecencia del consejero con el fin de conocer, según se recoge en el texto de la iniciativas, las "incidencias de la superpoblación" en el sistema económico y social del archipiélago.
José Miguel Ruano comenzó recalcando que Canarias es un territorio limitado y que este hecho diferencial puede convertirse en un problema "por no ser capaces de absorber" el ritmo de crecimiento poblacional, registrado en los últimos años. En su opinión, el impacto de los flujos migratorios puede ser "grave y conflictivo" y, por ello, es necesario adoptar las medidas oportunas.
Con datos del pasado 1 de enero, la población de las islas ha crecido, en relación a 2004, en 52.720 personas, es decir, un 2,75 por ciento. En 1996, las previsiones del Instituto de Estadística (Istac) eran que, en 2011, en Canarias habría 1,8 millones de habitantes. En 2005, la cifra es muy próxima a los dos millones de habitantes, "sin incluir los movimientos poblacionales no permanentes", según especificó.
Entre 1991 y 2005, según Ruano, la demografía en las islas ha tenido un crecimiento de 500.000 personas, un 32 por ciento. Las islas con mayor incidencia son Fuerteventura y Lanzarote. En esta última, el crecimiento ha sido del 80 por ciento al pasar de los 64.911 residentes de 1991 a los 123.039 conejeros de 2005. En Fuerteventura, en el mismo periodo, la población aumentó un 120 por ciento pasando de 36.908 a 86.742 residentes.
Estas fluctuaciones, según el consejero, han generado "toda una serie de desequilibrios" en la estructura social y económica. Ruano afirmó que el Gobierno regional, con más o menos aciertos, ha ido dando respuesta con planes especiales a estos cambios demográficos.
Pero lo que el Ejecutivo tiene "claro es que no es posible continuar".
Los resultados de la subcomisión de inmigración Canarias-Estado, según el consejero, está teniendo "escasos avances". Una situación que se produce porque el Ejecutivo ha detectado que la "parte no canaria (de la subcomisión) no tiene sensibilidad" hacia este problema.
Apelando a los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), dijo que de los 62.000 inmigrantes registrados, 43.000 proceden de América del Sur y el Caribe por 7.671 de Africa y Oceanía. En 2004, de cada 10 empleos creados, seis fueron para canarios y el resto para oriundos de fuera de las islas.
"A pesar de que los índices de empleabilidad crecen, no disminuye el paro", según este responsable gubernamental. Por ello, según agregó, es necesario tomar medidas para "enfriar la llegada de extranjeros y, especialmente, de irregulares". Los efectos en los servicios sociales, sanitarios, educativos y en infraestructuras están yendo "más allá de lo que Canarias puede soportar y por ello son necesarias las medidas de control".
En respuesta a la portavoz del PSC, Margarita Figueroa, el consejero negó que su Gobierno propugne una ley de residencia porque, tal y como especificó, las competencias en materia de extranjería son del Estado. No obstante, Figueroa recriminó la incapacidad del Gobierno por planificar y prever respuestas a esta situación.
Margarita Figueroa criticó al Ejecutivo, y su partido político CC, por reavivar este debate sólo con fines electorales, cuando se acerca el final del actual periodo legislativo. Figueroa mostró además su extrañeza porque se emplee el término de superpoblación por parte del grupo Mixto. Desechó el uso de ese término recomendando su sustitución por el de incremento poblacional importante.
La portavoz del PP, Cristina Tavío, criticó al consejero por culpar de la situación a los gobiernos estatales del PP y del PSOE sin que CC asuma sus propias responsabilidades. Tavío hizo una serie de recomendaciones al consejero que se resumen en sendas peticiones para que "abandonen la falta de criterio y el oportunismo y afronten el asunto con seriedad". También les recomendó que reivindiquen más fondos al Estado.
Isabel Déniz se mostró "estupefacta e impresionada" por el "rifi rafe electoral" de CC, el PP y el PSC. La portavoz del Mixto declaró que le pareció "penoso" el comportamiento del resto de los grupos parlamentarios porque una comparecencia, planteada en "términos muy serios", terminara de esta forma.
El portavoz de CC, José Miguel Barragán, respondió al PSC cuestionando los términos empleados por esta formación política, en el programa electoral. El diputado afirmó que, en la página web del PSC, se dice que "la falta de control de los ilegales y la desidia de la Administración del Estado, evidentemente la del PP, han producido guetos" en las islas. Al PP, y también apelando a su información electoral, le recordó que sostienen que la "capacidad para acoger inmigrantes no es ilimitada".