SANTA CRUZ DE TENERIFE, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Canarias ha aprobado este viernes iniciar la tramitación del anteproyecto de Ley del Estatuto de Altos Cargos, que busca entre otros aspectos evitar puertas giratorias y aclarar incompatibilidades.
"El Consejo ha analizado la iniciativa y los principios que la rigen y ha decidido que comience su tramitación, para lo cual comenzamos la tramitación correspondiente con los informes preceptivos que tendremos que solicitar", dijo el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Aarón Afonso, tras la reunión de este viernes.
Afonso hizo especial hincapié en que se trata de la primera iniciativa legislativa que el Ejecutivo regional pone en marcha en el ámbito de la tramitación que corresponde dentro del Gobierno.
REQUISITOS DE IDONEIDAD E HONORABILIDAD
En este sentido, entendió que la propuesta pone de manifiesto "la voluntad" de aprobar un texto que regule no sólo los requisitos de idoneidad e honorabilidad que tienen que cumplir los cargos que asuman responsabilidades públicas en el ámbito canario, así como el régimen de incompatibilidades, deberes y obligaciones que se contemple en el documento.
Asimismo, la norma establecerá el régimen jurídico de los altos cargos del Ejecutivo autonómico, de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de las demás entidades públicas y privadas que integran el sector público autonómico.
Afonso remarcó que las exigencias sociales para clarificar el régimen jurídico de los servidores públicos en general explican la necesidad de sacar adelante la norma, de forma que quienes desempeñen los cargos públicos reúnan las condiciones de formación y experiencia necesarias, que se precisen los derechos, deberes y obligaciones que les incumben en el ejercicio de los cargos.
El objetivo es que la gestión que desarrollen los altos cargos esté presidida por los principios de eficacia, eficiencia y prevalencia de los intereses generales, así como que la misma se lleve a cabo con las debidas condiciones de objetividad e imparcialidad.
PRINCIPIOS ÉTICOS Y DE CONDUCTA
En todo caso, las exigencias no se restringen a la observancia y cumplimiento de las normas legales o reglamentarias, sino también a que su actuación esté inspirada y guiada por principios éticos y de conducta que impidan la puesta en riesgo de su objetividad e imparcialidad.
Por su parte, para dar cumplimiento a los mandatos constitucional y estatutario de que la Administración sirva con objetividad a los intereses generales y actúe de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación, máxima proximidad a la ciudadanía y atención al hecho insular, la Consejería consideró que es imprescindible contar con unos servidores públicos que reúnan las condiciones de capacidad y aptitud necesarias.
"Especialmente cuando se trata de altos cargos, en cuanto participan y deben adoptar las decisiones vinculadas a la acción de gobierno, así como que el ejercicio de las funciones públicas que tienen encomendadas se realice con plena transparencia, de forma que sea susceptible de control por parte de la ciudadanía, en cuanto conoce de antemano los derechos, deberes y obligaciones que incumben a estos cargos públicos estableciéndose al efecto un régimen sancionador que puede desembocar en su cese", matizaron desde el Ejecutivo.
Asimismo, entendió que con la finalidad de garantizar una gestión eficiente, íntegra y transparente hay que incorporar al ordenamiento autonómico los principios, valores y reglas de actuación que deben servir de guía para las decisiones y conducta de los miembros del Gobierno de Canarias y altos cargos, con los objetivos tanto de incrementar la confianza de la ciudadanía en sus Instituciones y en la actuación transparente y responsable de quienes desempeñan cargos relevantes en las mismas.
