Canarias pide al Gobierno que costee los gastos de un año de los 1.008 menores migrantes solicitantes de asilo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha anunciado este martes que su Ejecutivo prepara una iniciativa para solicitar al Gobierno central que compense a Canarias por los gastos asumidos durante un año "de manera injusta e innecesaria" por la atención de 1.008 menores migrantes solicitantes de asilo, a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo.

En respuesta a una pregunta del Grupo Socialista en la sesión de control del Pleno del Parlamento ha acusado al Gobierno central de hacer "sufrir" al archipiélago al no hacerse cargo de la tutela de los menores, hasta el punto de que llegó a recurrir la sentencia que luego retiró por la "presión" ejercida desde las islas.

Domínguez ha defendido que el Gobierno de Canarias es la administración que más "ha antepuesto" los derechos de los menores a cualquier otro, por encima del Gobierno central y la UE.

La presidenta del Grupo Socialista, Nira Fierro, ha preguntado a Domínguez "qué van a hacer" los seis diputados del PP canario en la votación del decreto ley que reforma de la ley de extranjería y ha ironizado con que los canarias van a "agradecer" más a los siete diputados de Junts que a los populares.

Ha criticado al vicepresidente porque "se agarran a la sentencia del Supremo como tabla de salvación" cuando lo que se vota este jueves en el Congreso "es una respuesta integral", no de los solicitantes de asilo.

Fierro ha solicitado a los populares canarios que "voten sí" porque si no se estará "ratificando" que el compromiso de Domínguez con Canarias "es papel mojado" y su palabra en política "no vale nada".

De hecho, ha descrito al vicepresidente como el "mejor soldado" del PP, que antepone los intereses del partido a los de Canarias cuando muchos de sus compañeros como Carlos Mazón, Isabel Díaz Ayuso, Jorge Azcón o Marga Prohens "abofetean" a las islas al negarse a acoger a más menores migrantes o interponer recursos ante el Tribunal Constitucional.