SANTA CRUZ DE TENERIFE, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Canarias acordó hoy la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra determinados artículos de la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, al considerar que se limitan las competencias de la Comunidad Autónoma.
En rueda de prensa, el portavoz del Ejecutivo canario, Martín Marrero, recordó que las comunidades autónomas "tienen reconocido un cierto margen de proyección de competencias en el exterior de sus territorios sin que la competencia en materia de relaciones internacionales faculte al Estado para asumir competencias en aquellos sectores de actividad en que no las tiene en el orden interno".
Precisó que existen una sentencia de 1989 del Tribunal Constitucional en la que se establece que la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales no es equiparable con todo tipo de actividad con alcance o proyección exterior. Y existe otra sentencia de 1993 que incide en la misma cuestión.
"Por eso el Gobierno de Canarias considera que el planteamiento de la ley es radicalmente opuesto a estas consideraciones, desde su propia concepción a cualquiera de sus determinaciones", comentó el portavoz.
Marrero incidió en que la Comunidad Autónoma "tiene una relación especial con la Unión Europea por su carácter de región ultraperiférica y cuenta con políticas singulares, lo que implica la necesidad y la conveniencia de una conexión fluida de la que depende el éxito de los instrumentos de desarrollo económico y social de las islas".
En relación a lo que el Gobierno del Estado denomina en su ley "oficinas" de las comunidades autónomas en el exterior, el Ejecutivo autónomo considera "llamativo" que se prevean dos informes para la apertura de estas oficinas, uno del Ministerio de Asuntos Exteriores y otro del Ministerio de Hacienda.
Según el portavoz, esto viene a suponer que "implícitamente" se reconoce la legitimidad de las comunidades autónomas para tener oficinas en el exterior, pero se somete la creación de éstas a una intervención estatal vinculada a los intereses de la Administración del Estado, que de esta manera se superponen una vez más a los de las comunidades autónomas. "Constituye, en definitiva, un control tutelar al ejercicio de las competencias autonómicas que no consideramos justificado", concluyó
