CC se vale de la condición RUP y del REF para pedir bonificaciones en Canarias y rebajar el impacto del 'basurazo'

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Coalición Canaria (CC) ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) ante el Congreso de los Diputados parA pedir una reforma de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, con el fin de introducir bonificaciones, exenciones o modulaciones específicas en la aplicación del impuesto sobre el depósito, la incineración y la coincineración de residuos en Canarias.

La formación nacionalista justifica su propuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, en el reconocimiento de su condición de Región Ultraperiférica (RUP), en el cumplimiento de los principios de proporcionalidad y cohesión territorial y en consonancia con el "espíritu" del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias para evitar el "grave" perjuicio económico y social que la actual redacción de la ley ocasiona a los ciudadanos, empresas y administraciones del archipiélago.

La portavoz, Cristina Valido, avisa de que su aplicación "homogénea" en todo el territorio español, sin contemplar mecanismos de modulación o excepción, genera "graves" perjuicios económicos, sociales y medioambientales en territorios con singularidades estructurales como Canarias.

En esa línea indica que la condición de Región Ultraperiférica (RUP) de Canarias implica una serie de condicionantes permanentes como lejanía, insularidad, superficie limitada y dependencia exterior que "afectan directamente" a la gestión de residuos.

Así, detalla que la falta de suelo, los sobrecostes logísticos en el transporte y la limitada disponibilidad de tecnologías de tratamiento a escala insular sitúan al archipiélago en una posición "de clara desventaja" para cumplir con los objetivos de la ley en las mismas condiciones que el resto del Estado.

Ante esta situación, recuerda que el Cabildo de Tenerife ya elevó una consulta a las instituciones europeas para evaluar la compatibilidad de esta aplicación uniforme con los principios de proporcionalidad y cohesión territorial.

En su respuesta del 14 de julio de 2025, la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea "ha sido clara", expone, ya que si bien la transposición realizada por España se encuentra dentro del marco legal, "el Estado español tenía y tiene discrecionalidad para haber incluido excepciones o mecanismos de modulación para territorios insulares en su legislación nacional".

AVAL DE LA COMISIÓN EUROPEA

De esta forma, destaca Valido, "la Comisión reconoce, por tanto, que la ausencia de dicha adaptación no es una exigencia de la normativa europea, sino el resultado de una decisión del legislador". español.

Asimismo comenta que la no adaptación de este impuesto a la realidad canaria contraviene el espíritu del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, cuyo artículo 14 establece la posibilidad de aplicar especialidades fiscales para compensar los sobrecostes derivados de la insularidad.

"La aplicación de esta tasa sin modulación alguna se traduce en un sobrecoste que no corresponde asumir a los ciudadanos y empresas de las islas, afectando directamente a su economía", indica.

De hecho, se estima que, de no corregirse, la ley podría provocar subidas de hasta el 200% en el recibo de la basura para muchas familias y pequeños negocios del archipiélago, "un auténtico basurazo que amenaza con sobrecargar a hogares y administraciones locales".

Según Valido, "no se trata de eludir el principio de quien contamina paga sino de garantizar que su aplicación sea justa, sensible y proporcional a la singularidad de las islas".

Para los nacionalistas, la sostenibilidad ambiental "debe ir de la mano" de la equidad territorial y por ello creen que es "imperativo que el Gobierno de España actúe con la sensibilidad que no tuvo el legislador en su momento y corrija una norma que, aunque legal, resulta profundamente injusta para Canarias".