CCOO Canarias pide explicaciones al Gobierno canario tras los registros en centros de menores

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO Canarias ha solicitado al Gobierno de Canarias "explicaciones públicas inmediatas" respecto a los registros en centros de menores que se han producido este jueves, así como un plan de choque con medidas "efectivas de control, inspección y calidad".

"No basta con declaraciones vacías: es hora de actuar. Proteger a la infancia no es una opción, es una obligación constitucional", expuso CCOO Canarias en un comunicado, en el que ha criticado la gestión que el Ejecutivo regional hace de los menores extranjeros no acompañados bajo su tutela, que ha calificado de "total irresponsabilidad".

Para el sindicato, la situación "es gravísima", ya que se están produciendo "actuaciones judiciales, detenciones, registros policiales y centros clausurados por negligencias que afectan directamente" a menores en situación de "extrema vulnerabilidad".

En este sentido, citan el artículo 39 de la Constitución Española que, subrayan, "es claro", ya que recoge que "los poderes públicos deben asegurar la protección integral de los menores". Sin embargo, para CCOO, el Gobierno de Canarias "ha convertido esta responsabilidad en un mercado", adjudicando la gestión de centros a entidades "inadecuadas, sin los controles necesarios ni exigencias mínimas de calidad ni ética".

Lamenta que mientras "se multiplican las denuncias por racismo, xenofobia y desprotección", el Ejecutivo regional "sigue sin actuar", a lo que añade que Coalición Canaria (CC) "tampoco ha presionado" a su socio de gobierno en Canarias, el PP, para "facilitar el realojo de menores en la península".

Concluye CCOO admitiendo que Canarias "no puede seguir soportando sola esta carga, ni convertirse en una isla-custodia sin garantías" para la infancia porque los menores "no son mercancía ni cifras presupuestarias", por lo que exigen una auditoría "urgente de todos" los centros de menores extranjeros en el archipiélago, así como de los criterios técnicos y políticos que han permitido adjudicar su gestión a organizaciones cuestionables.