SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha finalizado el expediente sancionador iniciado contra el Colegio de Procuradores de Santa Cruz de Tenerife, en el que se investigaba un posible acuerdo contrario a la Ley de Defensa de la Competencia.
Este consistía en la obligación que tenían los procuradores de pagar una cuota de 50 euros mensuales por el uso de las salas de notificaciones y el traslado de notificaciones judiciales a través de LexNET, la plataforma de comunicación entre los procuradores y la Administración de Justicia.
En abril de 2021, el Servicio Canario de Defensa de la Competencia (órgano competente para la instrucción) inició un expediente sancionador después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia le remitiese la denuncia de un particular.
De acuerdo con sus Estatutos, el Colegio de Procuradores de Santa Cruz de Tenerife acordó establecer una cuota variable fija de 50 euros mensuales que los procuradores debían satisfacer en dicho territorio por hacer uso del servicio de las salas de notificación y traslado de escritos judiciales (plataforma LexNET), con independencia de su lugar de colegiación.
Según el propio Colegio, esta cuota estaba destinada a sufragar los costes de mantenimiento de las salas y los gastos de personal, que se repartían indistintamente entre los procuradores. Es decir, un procurador que hiciese un uso esporádico o puntual de la sala debía pagar la misma cantidad que aquel que hiciese un uso intensivo de la misma.
En este sentido, la CNMC, al igual que el Servicio Canario de Defensa de la Competencia, considera que el acuerdo no sería equitativo, ya que supondría una discriminación para el acceso a la profesión de procurador de los tribunales en función de la capacidad económica y sin que exista una norma que lo ampare.
COMPROMISOS VINCULANTES
El Colegio de Procuradores solicitó finalizar el expediente sancionador mediante la fórmula de la terminación convencional y presentó ante la CNMC una serie de compromisos vinculantes que solucionan los problemas de competencia detectados.
Concretamente, se compromete a que cada procurador pague por el uso de la plataforma LexNET en función de cada procedimiento judicial. El importe se calculará teniendo en cuenta el volumen medio de las notificaciones telemáticas e impresas que cada tipo de procedimiento genera habitualmente y de la entrega de documentación a los procuradores de distintos juzgados.
La CNMC considera que la metodología propuesta responde a criterios objetivos y proporcionales al servicio prestado. Asimismo, permite comprobar la justificación y transparencia de futuras revisiones.
