Los Colegios de Médicos piden al Gobierno canario anular el convenio con los ópticos por poner en peligro la salud

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Colegios de Médicos de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife y la Sociedad Canaria de Oftalmología solicitaron hoy a la Consejería de Sanidad del Gobierno regional anular el convenio suscrito desde 1999 con los ópticos, ya que consideran que al permitir a estos diagnosticar tras un examen visual, se "pone en peligro la salud" de los ciudadanos "a costa del miedo insuperable a las listas de espera", que actualmente son de un año aproximadamente.

Así lo manifestó hoy en rueda de prensa en la capital grancanaria el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas, Pedro Cabrera, acompañado por el presidente de la Sociedad Canaria de Oftalmología, José Alfonso Rodríguez, que anunció que plantearán esta demanda a la Consejería autónoma de Sanidad en una reunión el próximo 10 de febrero y, en caso de que el Ejecutivo no actúe en consecuencia, recurrirán a la Justicia.

Cabrera y Alfonso criticaron, así, que el Gobierno de Canarias mantiene un convenio con el Colegio de Ópticos-Optometristas que concede a los ópticos la potestad de diagnosticar a pesar del fallo del Tribunal Supremo, que anuló en enero la posibilidad de que los ópticos diagnostiquen, tras un examen visual, si la persona debe acudir al médico oftalmólogo.

El Colegio de Médicos recuerda que el Tribunal Supremo de Justicia ha dictado una sentencia por la que anula el convenio que existía entre la Consejería de Salud andaluza y el Servicio Andaluz de Salud con la Delegación Regional del Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas para la atención médica, impidiendo así que los ópticos diagnostiquen si la persona debe acudir al médico oftalmólogo.

Al entender de ambos doctores, este fallo sienta "jurisprudencia" y un precedente que podría afectar al convenio de las mismas características que existe en las islas, por lo que la Sociedad Canaria de Oftalmología pretende que la Consejería canaria de Sanidad se posicione igual que la Sala y que anule este acuerdo que es, sostienen, "idéntico al andaluz y, por tanto, está fuera de toda legalidad".

En este sentido, la Sociedad Canaria de Oftalmología, junto a los colegios profesionales de médicos se manifestaron en contra y explicaron las consecuencias que tiene la vigencia de este acuerdo para la salud de la población del archipiélago.

De hecho, Cabrera destacó que "la sanidad tiene una relevancia social que no puede ser manejada con criterios estrictamente políticos" y apuntó que "los políticos que menosprecian una opinión profesional independiente corren el riesgo de poner en marcha programas sanitarios insensatos como éste".

POSIBLE ANULACIÓN DE OTROS PROGRAMAS SANITARIOS

Igualmente, alertó de que la sentencia del Tribunal Supremo "puede ser la primera serie de unos programas sanitarios que puedan ser anulados y en los que a los políticos no les ha interesado consensuar con los profesionales médicos, tales como las iniciativas de la receta electrónica, la historia clínica electrónica y la futura homologación de títulos de especialista".

"Los políticos están haciendo su carrera a parte de los profesionales médicos y a estas situaciones se está llegando por un miedo insuperable a las listas de espera, pero no es de recibo afrontar las listas de espera bajando la calidad médica y, lo que es peor, poniendo en riesgo al paciente", advirtió el profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas.

En los mismos términos se expresó el doctor José Alfonso Rodríguez, que criticó "la obsesión del político de reducir el ogro de las listas de espera", que, en su opinión, "no es la vía adecuada poniendo en peligro la salud del ciudadano". Reiteró que el convenio andaluz anulado por el Tribunal Supremo es "muy similar" al que existe en las islas. Asimismo, resaltó que "la única persona capacitada profesionalmente y legalmente para diagnosticar y tratar la patología ocular es el médico oftalmólogo".

Si bien indicó que la Ley de Profesiones Sanitarias reconoce al óptico la posibilidad de usar medios físicos para graduar la vista, "eso no significa que el óptico le pueda decir al paciente que tiene un ojo sano o no porque va más allá de lo que está cualificado para hacer".

"DAÑOS IRREVERSIBLES"

En este sentido, explicó que "el paciente que va a una óptica a graduarse puede ser que vea bien, pero no significa que su ojo esté sano, ya que hay muchas patologías que comienzan con una nueva visión y acaban con un deterioro importante".

De este modo, comentó que si el paciente que acude simplemente a un óptico durante años para explorar su ojo no tiene en cuenta eso se puede encontrar que el primer año y el segundo ve bien, pero el tercer año no ve tan bien y el óptico le dice que vaya a un oftalmólogo, que diagnostica la patología en ese tercer año y en muchos casos ha provocado daños irreversibles".

"Hay enfermedades tan puntuales en el ojo que parece que sólo incumben al ojo pero tienen una relación con el organismo en general y que van a producir un daño en el organismo en su conjunto", agregó Alfonso, que denunció una "transgresión flagrante de la ley de incompatibilidad por parte de los ópticos".

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas, Pedro Cabrera, hizo especial hincapié en que el oftalmólogo tiene "un mínimo de once años de formación y no se puede equiparar al óptico que tiene 3 años de formación", además de que subrayó que han aumentado las listas de espera desde que el Ejecutivo regional firmó el acuerdo con los ópticos en 1999.