SANTA CRUZ DE TENERIFE, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
La llamada comisión Amorós decidió hoy por unanimidad condicionar la presencia del presidente canario, Adán Martín, ante la Cámara regional al resultado de una segunda fase de comparecencias con la que se reiniciarán las actividades de ese órgano parlamentario tras la reciente finalización de las comparecencias programadas inicialmente.
Esa segunda etapa incluirá "técnicos, funcionarios de la Administración y representantes de algunas empresas". El objetivo que persigue la comisión es "aclarar" mediante sus testimonios las "brechas" descubiertas en relación con el convenio de patrocinio suscrito en 1996 entre la dirección General del Tesoro y algunas entidades bancarias.
La comisión aprobó citar en esa segunda tanda al ex director general del Tesoro, Alberto Amorós, al ex consejero de Economía y Hacienda, José Carlos Francisco, a la secretaria general técnica de la Consejería de Hacienda, Cristina de León, al ex interventor delegado en la Dirección General del Tesoro, Sonio Llamas Bravo de Laguna, a un representante del BSCH, Fernando del Valle Rodríguez, a una representante de Cerg Finance, Teresa Núñez, al interventor general de la comunidad autónoma entre 1996 y 1999, Miguel Ángel Sánchez, a un representante de Producciones Oye (que proporcionó la polémica actuación del grupo Solistas Canarios en la reunión efectuada en el Hotel Bahía del Duque) y a la autora de un informe jurídico sobre el convenio de patrocinio sobre el que versa la investigación.
Los grupos decidieron dejar de último la comparecencia de Amorós dentro de esa segunda fase de las comparecencias, quien en una carta dirigida a la presidenta de la comisión el viernes pasado, María Dolores Padrón, expresó su voluntad de "explicar personalmente" las dudas que envuelven al caso.
El portavoz socialista ante la comisión, José Alcaraz, aseguró que la realización de una tercera fase de comparecencias dependerá de los resultados de la segunda etapa. Esa última e hipotética fase contemplaría las citaciones de "todos los cargos políticos que no tuvieron una vinculación directa con los hechos investigados ni con la Consejería de Economía y Hacienda". Se trata de del actual presidente canario, y entonces consejero de Economía y Hacienda, Adán Martín, del ex viceconsejero de Economía, Miguel Becerra, del actual consejero de ese departamento, José Carlos Mauricio, del ex secretario general técnico de ese departamento, Jesús Velayos, y del ex presidente canario, Román Rodríguez.
En cuanto a la documentación adicional demandada hoy, la comisión solicitará más "detalles" a los bancos y empresas vinculadas al convenio de patrocinio de sus facturas, así como un desglose de las cuentas presentadas por el Hotel Bahía del Duque. También demandará a las instituciones financieras que informen sobre los rendimientos que produjo el dinero ingresado por el Gobierno regional en virtud del convenio de patrocinio.
Alcaraz afirmó que la investigación efectuada por el Parlamento "ha aportado nuevas evidencias" que ahora la Cámara quiere analizar. "Antes estaban simplemente señaladas por la ACC en su informe pero no estaban constatadas al nivel que lo ha hecho la comisión y eso plantea nuevos problemas". Entre otros aspectos, la comisión quiere aclarar qué facturas integraron el "circuito de facturación" descubierto, la forma en que operó y cómo se visaron. "Queremos averiguar si determinadas prestaciones de las empresas realmente se produjeron y si hubo doble facturación, tal como llegó a insinuar la ACC".
Conclusión antes de próxima legislatura: Padrón, prometió que las labores de investigación "no se prolongarán hasta la próxima legislatura", si bien admitió que aún "está pendiente la fijación del calendario de actividades porque aún no se ha organizado el trabajo". Además, Padrón recordó que "las citaciones se deben producir con una antelación mínima de 15 días a la fecha de la comparecencia".
El portavoz del Partido Popular (PP), Jorge Rodríguez, coincidió con Padrón al señalar que su grupo "no desea extender el trabajo de la comisión hasta la próxima legislatura". Por ese motivo, la comisión optó por separar en dos fases las comparecencias pendientes. "Hay que ser racionales y buscar la eficiencia de la comisión antes que buscar ruido, por lo que preferimos concentrarnos en investigar la 'brecha' abierta y dejar el establecimiento de las responsabilidades políticas para cuando ya sepamos qué ocurrió realmente".
Rodríguez también coincidió con Alcaraz en el surgimiento de una "brecha" que incluye "ciertas relaciones" en el curso de las investigaciones del Parlamento. El popular atribuyó su existencia a una "ingeniería torticera, antes que financiera o legal, por parte de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera con los bancos que suscribieron el convenio de patrocinio" cuando Amorós lideraba ese departamento. "Presenta elementos sombríos y oscuros que conviene esclarecer", apuntó.
Rodríguez también justificó el aplazamiento de una eventual comparecencia de Martín porque "es bueno concentrar la atención del trabajo en la segunda fase para luego ir viendo con algo más de concreción la línea política que sostiene esa parte técnica que arroja tantas dudas".
El portavoz popular expresó que las personas que la comisión acordó hoy citar para la próxima fase "tienen gran parte de las explicaciones que necesitamos para conocer de forma mas profunda y concreta los extremos que evidencian una corruptela y un comportamiento torticero por parte de quienes dirigían la Dirección General del Tesoro". El diputado popular lamentó que esa gestión pública se apoyara en una colaboración de "buena fe" de las entidades bancarias que suscribieron el convenio de patrocinio con la Administración regional, "siendo así partícipes de la ejecución de unos convenios que dejan mucho que desear".
El líder del PP adelantó que quienes comparezcan ante la comisión "tendrán que explicar cómo habiéndose producido esa situación, las personas que ocuparon los cargos relacionados a los hechos investigados persistieron en sus puestos desde 1997 hasta 2003". .
