Mogán, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo, representado en la actualidad por Enrique Múgica Herzog, ha recriminado al gobierno local de Mogán que tiene el deber de colaborar con esta institución para esclarecer una queja presentada por la asociación de vecinos Las Lomas de Arguineguín. Este colectivo ha solicitado sin éxito amparo ante el organismo estatal por los problemas que los errores en las bases de datos municipales han ocasionado a los ciudadanos.
Sin embargo, esta petición de auxilio no ha podido ser correspondida hasta el momento, porque "desafortunadamente el Ayuntamiento persiste en su actitud de no enviar el preceptivo informe que oportunamente le fue requerido", según recoge el Defensor en su escrito de respuesta a la asociación. Y añade: "Esta institución se ha visto obligada a recordar de nuevo al citado Ayuntamiento su deber de colaborar para el rápido esclarecimiento de la situación que plantea la queja".
El problema en cuestión es arrastrado de mandatos anteriores y afecta principalmente a los domicilios en los que están empadronados los habitantes de la localidad, una cuestión polémica sobre la que incluso ha llegado a planear la sombra de la duda en algunas elecciones municipales celebradas. Sin embargo, a juicio de la asociación vecinal, determinadas actuaciones emprendidas por el equipo de gobierno durante este período han contribuido a agravar el problema denunciado.
Con ello se refieren al cambio del callejero del municipio, una amalgama de nuevas direcciones que en su momento sembró el caos en algunas partes de Mogán. De hecho, los portavoces de Las Lomas de Arguineguín aseguran que miles de cartas son devueltas porque no llegan a sus destinos, y todavía hoy mantienen una campaña destinada a recomendar a los residentes que no cambian sus documentos hasta que el consistorio resuelva los fallos detectados, la mayoría de ellos relacionados con la enumeración de las viviendas.
Además, este trabajo de campo ha coincido en el tiempo con una mala gestión del padrón municipal, que durante años no ha sido actualizado convenientemente. Esto ha provocado que los datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística no coincidan con los de la corporación, pues la diferencia entre los censos poblacionales de ambas instituciones ha llegado a alcanzar las 5.000 personas. Según el alcalde, Francisco González, se trata de un problema resuelto que arroja una cifra final cercana a unos 20.000 habitantes.
El propio regidor ha sostenido en varias ocasiones que su gobierno era el principal interesado en regularizar la situación para que nadie con derecho a votar se quedase sin ejercer el sufragio en las próximas elecciones. Empero, hay un vecino del municipio y dos concejales de su partido, el PP, que han sido imputados por la justicia en sendos delitos de fraude electoral, después de que les fueran interceptadas conversaciones telefónicas en las que se hablaba de empadronar a extranjeros y residentes a cambio de votos para esta formación, precisamente durante los meses en los que se emprendieron las labores para actualizar el censo.
Todo este cúmulo de circunstancias ha reactivado el miedo de los lugareños al pucherazo electoral. De ahí que el colectivo vecinal haya solicitado una investigación exhaustiva a diferentes instituciones para que depuren el padrón municipal. La última de ellas ha sido al Defensor del Pueblo, a quien ya se dirigieron anteriormente por una cuestión similar a la que el Ayuntamiento se niega ahora a dar explicaciones: los perjuicios que ocasionan a los ciudadanos los errores en las bases de datos del consistorio. A modo de ejemplo, hay casos en los que el consistorio ha mantenido empadronados durante varios años a siete personas en un domicilio con el que no guardaban ninguna relación.
