Detenidas dos personas en Tenerife por estafar a la Hacienda Pública con contrataciones de inserción irregular

Actualizado 15/04/2011 23:04:29 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía adscritos al Grupo I de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife, han arrestado dos varones cuyas siglas corresponden a los llamados A.M.R.R, y L.D.S, por un delito contra la Hacienda Pública y Seguridad Social, e imputado por colaboración a J.G.G. y las mujeres L.C.L, y R.M.V.A.

La "Operación Telaraña" se inició en el pasado mes de enero a raíz de una información facilitada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz de Tenerife, en la que se exponía la observación de ciertas "irregularidades" en una empresa de Inserción Laboral del término municipal de San Cristóbal de La Laguna.

En el inicio de las investigaciones se pudo constatar que la mencionada empresa se dedicaba a la contratación de personas en riesgo de exclusión, con el propósito de cubrir unos puestos de trabajo especiales denominados "plazas", estando cada una de estas plazas subvencionadas.

Cabe señalar que dichas subvenciones procedían del Servicio Canario de Empleo y del Fondo Social Europeo, en un 15% y 85% respectivamente. El fin de tales ayudas a las empresas era la creación y mantenimiento de puestos de trabajo, es decir, "plazas".

En las investigaciones policiales se verificó que el importe de las subvenciones recibidas por la Empresa de Inserción Laboral sita en La Laguna durante los años 2009 y 2010, ascendía a la cantidad de 270.000 euros, de los 126.840 se correspondían con las subvenciones concedidas a 19 trabajadores en riesgo de exclusión social y 141.500 euros, al apoyo para la contratación de los equipos de gestión y acompañamiento de los trabajadores, siendo en este caso un total de 6 personas.

Asimismo se verificó que la captación de los trabajadores en riesgo de exclusión social lo efectuaban los detenidos A.M.R.R y L.D.S, si bien el cargo de Administrador Único lo ostentaba el imputado J.G.G., quienes al proceder a la contratación de dichos trabajadores, la gran mayoría de ellos no llegaban realmente a realizar trabajos para la empresa, salvo casos esporádicos y excepcionales, en los que sí percibían una pequeña remuneración que nunca cubría lo estipulado y reflejado en la nómina de los mismos.

Es de significar que dichas nóminas eran facilitadas a los trabajadores por el personal administrativo de la Empresa de Inserción Laboral, concretamente las imputadas L.C.L y R.M.V.A., con el objeto de que las rubricaran o firmaran conforme recibían el salario que en ellas figuraba, aunque en la realidad nunca llegaban a percibir los abonos de los importes reseñados en la hoja de salario ó nómina.

No obstante, la empresa sí se encargaba de hacer efectivos los ingresos de la Seguridad Social correspondiente a los trabajadores contratados, produciéndose una situación beneficiosa tanto para el trabajador como para la empresa, ya que por un lado la empresa recibía la subvención y por otro los trabajadores al haber cotizado a la Seguridad Social se favorecían de prestaciones por desempleo al producirse la extinción de sus respectivos contratos de trabajo.

Esta situación también era provechosa para trabajadores extranjeros, dado que a través de la empresa gestionaban su regularización y situación administrativa en España requiriendo las respectivas Autorizaciones de Residencia y Trabajo.

Instruidas las oportunas diligencias policiales los detenidos A.M.R.R y L.D.S, en unión de las mismas, fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial, quedando los imputados L.C.L, R.M.V.A y J.G.G., informados de la obligación de comparecer ante la misma cuando así fueran requeridos.