Drago Canarias concurrirá a las elecciones del 29N, con Alberto Rodríguez encabezando la circunscripción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife - DRAGO CANARIAS
SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
Drago Canarias interpuso en la tarde de este jueves un recurso contencioso-electoral ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife contra el acuerdo de proclamación de la coalición Unidad del Pueblo Canario (UPC) por "inducir a confusión al electorado y usurpar las siglas vigentes e históricas de la política soberanista en Canarias".
El recurso contencioso-electoral, presentado al amparo del artículo 49.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), discrepa, como así hizo el partido Movimiento UPC --el original--, de la proclamación de la candidatura impulsada por Nueva Canarias, Podemos, Izquierda Unida y Movimiento Sumar bajo la denominación y siglas de Unidad del Pueblo Canario (UPC).
Drago Canarias sostiene en una nota que la utilización de esta marca vulnera de forma "flagrante" el artículo 46.4 de la LOREG al evocar deliberadamente dos realidades políticas ajenas.
Así, señala que la coalición electoral Union del Pueblo Canario (UPC) es referencia de la izquierda nacionalista que obtuvo representación en las Cortes Generales y la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria en 1979.
Igualmente apunta que el partido Movimiento UPC es una formación política inscrita en el Registro de Partidos con sede en La Laguna.
La acción legal no busca la exclusión de los candidatos de la lista, precisa Drago Canarias, sino la "inmediata activación" del trámite de subsanación previsto en el artículo 47.2 de la LOREG para que la coalición modifique su denominación o retire las siglas UPC del instrumento de votación, garantizando así el derecho de la ciudadanía a emitir un voto libre e informado sin distorsiones.
EXCLUSIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICOS
Drago Canarias también formalizó un recurso de reconsideración frente al acuerdo 322/2026 de la Junta Electoral Central, el cual atribuye los derechos electorales de las pasadas elecciones de 23 de julio de 2023, excluyendo a la formación.
Drago Canarias subraya que en 2023 obtuvo 107.999 votos en el archipiélago, un 10,55% de los sufragios válidos emitiéndose en el territorio, concurriendo en la coalición Sumar y encabezando la candidatura al Congreso de los Diputados por Santa Cruz de Tenerife.
En esa línea expone que la cláusula octava del pacto constitutivo registrado formalmente ante la Junta Electoral Central le otorgaba de manera explícita un 20% de representación territorial.
Por ello, la formación rechaza que los derechos acumulados en 2023 sean "absorbidos indebidamente" por una nueva confluencia, UPC, integrada por partidos como Nueva Canarias y cuatro partidos "madrileños", cuando Nueva Canarias en aquellas elecciones compitió de forma independiente.
En este sentido, con amparo en los artículos 64 y 66 de la LOREG y en la Instrucción 4/2011 de la JEC, Drago Canarias requiere la asignación del tramo de 30 minutos de emisión de propaganda gratuita que le corresponde legalmente por los resultados de 2023 en Radio Televisión Canaria y Radio Televisión Española; la integración formal en la Comisión de Radio y Televisión encargada de supervisar el periodo electoral; la inclusión en los planes de cobertura, entrevistas y debates, derecho que se ve reforzado por el reconocimiento de la trayectoria de su dirigente, Alberto Rodríguez, cuyos derechos políticos y parlamentarios fueron restituidos por el Tribunal Constitucional en sus Sentencias 8/2024 y 18/2024.
UNA CUESTIÓN DE PLURALIDAD Y DEMOCRACIA
En aras de la pluralidad democrática en Canarias, Drago apunta que "no se puede permitir que se distorsione la decisión del electorado en las urnas mediante la apropiación de siglas históricas y registradas, ni que se pretenda invisibilizar en los medios públicos a la única fuerza canaria que de forma indiscutible participó en el resultado de una coalición electoral en las Elecciones Generales de 2023".
En ese sentido detalla que acuden a la justicia y a los órganos electorales para garantizar, en primer lugar, los "legítimos derechos" de la trayectoria del soberanismo canario, y en segundo lugar, para "exigir" el juego limpio y defender los derechos de los más de 100.000 canarios que respaldaron las candidaturas de las que forman parte como organización política en las Elecciones Generales de 2023.
