MOGÁN, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los registros que el martes de la semana pasada realizó la Brigada de Información del Cuerpo Nacional de Policía en el Ayuntamiento de Mogán afectaron a diferentes dependencias municipales, sobre todo a las áreas de alcaldía y secretaría, las cuales fueron custodiadas por los agentes hasta la llegada de sus responsables para recabar la documentación finalmente intervenida.
Sin embargo, la lista de informes y expedientes que manejaron los funcionarios judiciales para intervenir la información les condujo en varias ocasiones hasta la segunda planta del consistorio, en donde se encuentra la oficina técnica. En ella descansa todo lo relacionado con el Plan General de Ordenación y con los asuntos urbanísticos. Allí tenía su despacho Marcelino Martín Artiles, un funcionario jubilado que continuaba utilizando esa dependencia, a pesar de que el vínculo que mantuvo con la administración tras retirarse es el de asesor del Plan General.
Se trata de un despacho que suele estar cerrado bajo llave, al que Martín acudía con frecuencia los viernes, en ocasiones en compañía de otras personas. De hecho, después de que se acabaran los registros en presencia del alcalde y del secretario de la corporación, los agentes efectuaron la misma operación con el antiguo funcionario y en dicha oficina técnica, en la cual se encontraron informes que deberían haber estado en otros departamentos.
Martín fue jefe de Urbanismo en el municipio durante más de 20 años, y la policía le otorga un papel preponderante en la trama de corrupción que se investiga. En concreto se le imputan cuatro delitos, que son: actividades y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, prevaricación, tráfico de influencias, y contra el ordenamiento del territorio y del medio ambiente.
