La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para cada uno de los alcaldes acusados de vertidos en el Polígono de Güímar

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía pide cuatro años de cárcel y hasta 13 años de inhabilitación para la alcaldesa y exalcaldes de Candelaria y Arafo, Mari Brito, José Gumersindo García Trujillo y José Juan Lemes, respectivamente, así como para la actual alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro Dorta, acusados de un presunto delito mediambiental por los vertidos de aguas residuales en el Polígono Industrial de Güímar.

Según recuerda el escrito, facilitado a Europa Press, toda vez se cedió y trasmitió formalmente a los tres Ayuntamientos implicados los bienes comprendidos en la infraestructura, los ahora acusados no habrían cumplido con su obligación de crear la entidad urbanística de Conservación (EUC) para su gestión y mantenimiento.

El Polígono Industrial, abarca una superficie de 1,8 millones de metros cuadrados delimitado por el Sur por el Área de Sensibilidad Ecológica de la Reserva Natural Especial, donde desarrollan su actividad industrial entre 200 a 220 empresas entre las que se encuentran empresas que requieren una autorización ambiental específica dada la especial naturaleza de los residuos que generan dedicadas a la industria láctea, cervecera y lavandería.

En este contexto, los regidores y exregidores ahora acusados, "de forma consciente y voluntaria", tampoco habrían destinado partidas presupuestarias a sufragar los debidos gastos de mantenimiento, conservación ni sostenimiento de las infraestructuras de evacuación de aguas residuales del Polígono.

De este modo, subrayan, no se contraró personal de mantenimiento y limpieza, "sin supervisar, analizar, ni controlar el vertido ni su impacto en el medio receptor, ni inspeccionar, mantener, subsanar o adaptar las instalaciones y los equipos existentes ni en el control, tratamiento y legalización del vertido".

INSTALACIONES EN "ABANDONO"

A consecuencia de esa inacción, advierte el escrito de Fiscalía, las instalaciones quedaron en "un estado de absoluto abandono, permaneciendo las edificaciones existentes a la cabecera y las Estaciones de Bombeo sin cierre y desvalijadas y las bombas y equipos sin funcionamiento, con signos de rebose del caudal del vertido, llegando a apreciarse peligro para la vida o salud de las personas".

A pesar que los cuatro acusados eran presuntamente conocedores de la existencia de un expediente en trámite en la Viceconsejería de Medio Ambiente sobre la Autorización de Vertido del Polígono, "no se personaron y dejaron conscientemente que el expediente finalizara y se archivara" sin que se llegara a obtener autorización alguna prolongando con ello la situación de ilegalidad del vertido.

De este modo, el vertido conjunto del agua residual industrial proveniente de entre las entre 200 y 300 empresas, junto a las aguas fecales de las urbanizaciones, devino en situación de "absoluta ilegalidad". Así, no se efectuó "ningún tipo de depuración, ni tratamiento" sobre las aguas residuales continuas y conjuntas, que "eran canalizadas hasta las instalaciones existentes y expulsadas por éste al mar tal cual eran generadas".

Según adelanta el periódico 'El Día', el juicio comenzará el 8 de febrero de 2027 y los inculpados serán interrogados el 16 de febrero en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.