SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Canarias estima que, en los próximos días, unos 6.000 inmigrantes irregulares, de los más de 10.000 que se encuentran retenidos en las islas, estarían en condiciones de salir a las calles tras cumplirse los 40 días de retención sin que hubieren sido derivados a la Península o repatriados a sus países de origen. El consejero regional de Presidencia y Justicia, José Miguel Ruano, denunció que la "carencia de una política clara" del Estado motiva el "agravamiento" de la "grave y explosiva" situación existente. El portavoz del Ejecutivo de Coalición Canaria (CC), Miguel Becerra, protestó además por la "falta de respeto" de los dos representantes del Ministerio del Interior al ignorar a las autoridades autonómicas en sus dos días de visita de trabajo a la Comunidad Autónoma.
El Consejo de Gobierno, celebrado ayer martes en Santa Cruz de Tenerife, volvió a deliberar sobre la "grave situación" que atraviesa Canarias con la existencia de más de 10.000 sin papeles en los centros de retención y la constante llegada de cayucos, procedentes de las costas africanas.
José Miguel Ruano afirmó que el Ejecutivo regional carece de datos "exactos" sobre el número de irregulares que, en los próximos días, pueden salir a la calle, cumplidos los 40 días de retención fijados por la Ley de Extranjería. El consejero de Presidencia aseguró que la Administración del Estado en las islas no ha proporcionado ese dato a las autoridades autonómicas. No obstante, en el Gobierno canario "estimamos que pueden ser unas 6.000 personas aunque el dato fiable lo tiene la Delegación del Gobierno en Canarias", según el responsable en materia de Justicia y Presidencia.
La crisis, continuó, es importante y si no se producen las derivaciones y las repatriaciones, agregó el consejero, "cualquier agravamiento de la situación sería especialmente conflictivo". Para el Ejecutivo de CC, la "carencia de una política clara" del Estado produce un "agravamiento y una situación explosiva".
Estas carencias se concretan, según Ruano, en la ausencia de un plan de medidas específicas coordinado que el Consejo de Gobierno conoció hoy para su traslado al Gobierno estatal. El consejero de Presidencia enumeró estas medidas que se concretan en el reforzamiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad estatales y la mejora de los medios de Sanidad Exterior o la coordinación con los del Ejecutivo regional,
Para las autoridades autonómicas también se debe crear "inmediatamente" un juzgado específico en el partido judicial de Arona y el Consejo General del Poder Judicial evacuar el preceptivo informe para que se nombre, "esta misma semana", un juez y un secretario que libere al juzgado de Guardia del mencionado partido judicial.
Canarias plantea la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial con el fin de crear juzgados específicos de inmigración y extranjería. Una medida con la que, en opinión de Ruano, se evitarán los "espectáculos", como el de la comisaría de Playa de las Américas, en el Sur de Tenerife, donde centenares de sin papeles esperan en los sótanos del edificio antes de ser trasladados a los centros de internamiento.
El consejero de Presidencia recalcó que, en la isla de El Hierro se debe crear un centro adecuado al igual que en La Gomera. Pero estas instalaciones, continuó, deben tener un carácter transitorio para que, transcurridas las 72 horas preceptivas, los inmigrantes sean reubicados en los centros de retención existentes en el Archipiélago.
El Gobierno regional exigió que el problema de la inmigración irregular sea tratado por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero como un asunto de Estado y al mismo nivel que el proceso de paz de Euskadi y la misión española en el Líbano.
El portavoz del Gobierno, Miguel Becerra, declaró que los 1,5 millones de euros aprobados hoy martes por la Comisión europea, para distintos programas de inmigración, "no resuelven el problema porque lo importante también es ir avanzando en otras medidas políticas, diplomáticas y financieras de mayor alcance".
Becerra denunció la "falta de respeto" del secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, y del director general de la Policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida, "por no haberse entrevistado", en estos dos días de visita de trabajo a las islas, con ninguna autoridad de la Comunidad Autónoma. Para el Gobierno canario, los dos representantes del Ministerio del Interior "faltaron a las mínimas reglas que deben guardar, por su cargo," con el Ejecutivo, los cabildos y los ayuntamientos, que enfrentan diariamente el problema de los sin papeles que llegan a las costas.