LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Canarias exigirá ante el Tribunal Supremo la suspensión cautelar del proceso privatizador del 49 por ciento del capital social de AENA, al menos en lo que concierne a los aeropuertos del Archipiélago.
Así, después de que el Consejo de Ministros de este viernes haya acordado iniciar la segunda fase del proceso y sacar a Bolsa el 21 por ciento de la empresa, el consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno autonómico, Domingo Berriel, ha insistido en que "el Estado pretende vender lo que no es suyo".
Se refirió así en un comunicado al artículo 33.13 del Estatuto de Autonomía de Canarias, en el que se incluyen textualmente dentro de las competencias de ejecución de la Comunidad Autónoma, los puertos y aeropuertos con calificación de interés general, cuando el Estado no se reserve su gestión directa.
Recordó también que, desde el inicio del proceso de privatización, Canarias ha manifestado al Estado su desacuerdo con la privatización parcial de AENA, en lo que respecta a los aeropuertos de una Comunidad, reconocida como Región Ultraperiférica por la Unión Europea, lo que convierte a la infraestructura aeroportuaria en "fundamental" para la cohesión social, además de estratégica para el desarrollo económico.
LA GESTIÓN "DEBERÍA SER PARECIDA A LAS AUTORIDADES PORTUARIAS"
Por su parte, la Comunidad Autónoma ha planteado al Ministerio de Fomento que la fórmula de gestión de sus aeropuertos debería ser parecida a la de las Autoridades Portuarias, con participación del Estado, las Administraciones autonómicas y locales y de los principales operadores y sindicatos.
Sin embargo, el consejero aseguró que el Ministerio de Fomento, "nunca ha querido iniciar un diálogo en esa línea y se ha limitado a vender el patrimonio de todos, sin consultar ni tan siquiera informar al Gobierno autonómico".
Ante estos acontecimientos, señaló que el Boletín Oficial del Estado publicó el pasado martes, 12 de enero, el inicio de las negociaciones entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias, en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación Administrativa, para tratar de resolver las discrepancias entre ambas al respecto del derecho del Estado a privatizar los aeropuertos canarios, "como paso previo a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad".
Además, apuntó que el 15 de enero, la Sala Tercera del Tribunal Supremo admitió a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el silencio administrativo que se produjo ante el requerimiento, de 17 de octubre de 2014, del Gobierno de Canarias al Consejo de Ministros, de modificación del acuerdo de 11 de julio de ese año, mediante el que se autorizó a Enaire a iniciar la venta del capital social de AENA.
Por todas estas circunstancias, el Gobierno de Canarias considera que el continuar adelante con la privatización de AENA, cuando todavía no se ha resuelto la negociación con la Comunidad Autónoma y cuando se acaba de admitir a trámite un recurso contra las actuaciones del Consejo de Ministros que la sustentan, "sería cuando menos un acto de irresponsabilidad y que, de fallar los tribunales a favor de las tesis del Gobierno autónomo, podría suponer un serio quebranto económico a las arcas del Estado y, por tanto, ir contra el interés general de todos los ciudadanos".
Como conclusión, el consejero dijo que todos los recursos de la Comunidad se basan en que la gestión de AENA con la privatización parcial pasa a ser indirecta, por mucho que el Estado se esfuerce en defender lo contrario.
"Pero --puntualizó Berriel-- al margen del debate competencial, no entendemos cómo el Estado puede vender una empresa pública que, según sus previsiones, dará cientos de millones de euros de beneficios en 2015".
Finalmente, a su juicio, el Estado, con esta privatización, "persigue cualquier objetivo, menos el interés genera. Puesto que sostiene que ha hecho rentable la empresa, ¿por qué la vende?".
