Esta iniciativa contempla hasta 51 procedimientos administrativos Marrero afirma que "Canarias está siendo vanguardia en la simplificación administrativa"
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado hoy en la capital grancanaria aprobar los procedimientos administrativos en los que se aplicará el Sistema de Comunicación Previa de Inicio de Actividad, que permitirá a los ciudadanos sustituir la obligación de obtener la correspondiente autorización administrativa o licencia para realizar su actividad, por una "simple" comunicación previa de inicio de actividad económica, empresarial o profesional, ello a fin de agilizar la puesta en marcha de dichas actividades ante la crisis.
Así lo anunció hoy el portavoz y viceconsejero de Comunicación del Ejecutivo autonómico, Martín Marrero, que recordó que ésta es una de las medidas contempladas en el Decreto de 28 de abril por el que se establecen en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias medidas ante la crisis económica y de simplificación administrativa.
Este acuerdo de Gobierno sólo determina los procedimientos sobre los que se prevé realizar dicha sustitución, por lo que el empleo de la comunicación previa requiere, a partir de ahora, la modificación de la norma que regule la actividad y que la administración realice, con posterioridad, las oportunas comprobaciones para verificar que los datos comunicados son ciertos.
Así, a partir de este momento, las consejerías afectadas deberán adoptar las medidas oportunas para que el Gobierno apruebe, en el plazo de tres meses, las disposiciones reglamentarias o, en su caso, acuerde la tramitación de las modificaciones normativas de rango legal que resulten necesarias para la implantación del sistema de comunicación previa en dichos procedimientos.
CONSTRUCCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS
Esta iniciativa, promovida por la Consejería de Presidencia Justicia y Seguridad y en la que interviene la práctica totalidad de los departamentos del Gobierno, contempla hasta 51 procedimientos administrativos entre los que figura la construcción y puesta en funcionamiento de establecimientos turísticos de alojamiento, cese de actividad y cambio de titularidad en la explotación de establecimientos turísticos, la puesta en funcionamiento de establecimientos de restauración, cese de actividad y cambio de titularidad, así como el inicio de la actividad de agencias de viajes, cese de actividad y cambio de titularidad.
A ellos se suman la concesión de licencias para el ejercicio de actividades clasificadas; concesión de autorizaciones de espectáculos públicos; lonjas y establecimientos para la primera venta de los productos pesqueros; arranques de viñedo, transferencias de derechos y replantaciones; utilización del símbolo gráfico para los productos agrarios y pesqueros de calidad específicos de Canarias; creación de museos; el uso de la marca 'Artesanía Canaria'; el certificado de instalaciones fotovoltaicas aisladas (-10 kw).
Además de la autorización como entidades colaboradoras de los Gabinetes de Seguridad e Higiene en el Trabajo en materia formativa sobre Seguridad y Protección contra incendios; y respecto a la autorización de gestión de residuos peligrosos, entre otros.
SIN LIMITACIÓN TEMPORAL EN UN "CAMBIO DE FILOSOFÍA"
"La duración de la norma no tiene una limitación temporal", explicó el portavoz regional, Martín Marrero, que insistió en que esta iniciativa supone "un cambio de filosofía". "Canarias está siendo vanguardia en la simplificación administrativa y disminución de la burocracia en el Estado español", apostilló.
En este sentido, recordó que "hasta ahora ha habido quejas constantes de empresarios y ciudadanos sobre lo engorroso y dilatado en el tiempo de los trámites administrativos debido a que primaba el concepto garantista".
A este respecto, explicó que "se partía en un principio de desconfianza en el administrado y todos los controles y comprobaciones y la fiscalización de esas actividades se hacían con carácter apriorístico, lo que ha supuesto que se retrase en gran medida el inicio de actividades, sobre todo en emprendeduría empresarial", algo que, en su opinión, "en situación de crisis es doblemente grave".
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA" DEL CIUDADANO
De este modo, subrayó que en esta iniciativa "subyace un cambio cultural administrativo, al pasar de un régimen garantista a un régimen en el que predomina la presunción de inocencia de quien reclama el inicio de una actividad".
Así pues, "se confía en la declaración del administrado para que pueda iniciar su actividad". No obstante, matizó que "esto no significa que no haya controles de la administración pública, ya que los controles que antes eran a priori ahora serían a posteriori".
Por otra parte, remarcó que dicha comunicación previa para inicio de actividad no es "una mera comunicación retórica, sino que significa que el administrado declarará cumplir con la legislación en vigor y no supone sortear las obligaciones normativas o reglamentarias".
Por tanto, "en caso de que la comunicación previa fuera fraudulenta o falsa la responsabilidad recae sobre quien haya formulado esa declaración y ya se regulará en su momento las acciones que emprendería la administración", advirtió.
Por último, destacó que el objetivo de la comunicación previa es que esa tramitación "se pueda reducir en un tercio respecto a lo que hasta ahora estaba sucediendo". No obstante, reconoció que "es muy difícil a priori ver en cuánto va a ser la reducción de tiempo para que una actividad pueda iniciarse respecto a lo que estaba ocurriendo hasta la fecha".
