Julio Pérez admite que quizás no de tiempo de aprobarla porque hay muchas iniciativas en espera y el Parlamento se disuelve en abril
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado este jueves, a propuesta del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, tomar en consideración el proyecto de Ley de Ordenación General y Coordinación Supramunicipal de las Policías Locales de Canarias y remitirlo al Consejo Consultivo de Canarias, para que emita, con carácter de urgencia, su preceptivo dictamen, debido a la cercanía del final de la presente legislatura y para garantizar la aprobación de la ley, en tanto que fija el marco de relaciones entre el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos de las islas en materia de seguridad policial.
La nueva norma persigue sustituir a la vigente Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías Locales de Canarias, por una nueva disposición legal que afronte los cometidos competenciales asumidos tras la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, por Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre.
Esta reforma ha reforzado las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma en materia de seguridad, que se detallan en el capítulo VIII del Título V de dicho Estatuto: las competencias autonómicas se proyectan en el establecimiento de políticas de seguridad pública y protección de personas y bienes, la creación, organización y mando de un Cuerpo de Policía Canaria y en la ordenación general y coordinación supramunicipal de las policías locales canarias, recoge una nota del Ejecutivo.
Tras la reforma, a la Comunidad Autónoma de Canarias le compete, por un lado, la ordenación general, a nivel normativo, de los cuerpos de Policía Local de Canarias, en su vertiente orgánica, funcional y funcionarial, persiguiendo, por tanto, una ordenación de todos los aspectos nucleares afectantes a los mencionados cuerpos.
Por otro, es responsable de la regulación de los medios y sistemas que posibiliten la acción conjunta de las policías locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, en orden a conseguir la integración de las respectivas actuaciones particulares en el conjunto del sistema de seguridad ciudadana que tienen confiado.
Tales cometidos no se agotan con la regulación legal, sino que, con el fin de garantizar un margen de flexibilidad normativa, la ley pretende centrarse en los aspectos principales de la regulación, remitiendo al reglamento su desarrollo más pormenorizado.
Esta nueva regulación no sólo es más ambiciosa en cuanto a su ámbito objetivo, sino que, igualmente, pretende incorporar a la normativa autonómica las innovaciones introducidas en la legislación estatal con incidencia en materia de policía local, como la policía de proximidad, el ejercicio de funciones de policía judicial, la posibilidad de asociacionismo municipal para el ejercicio de funciones asignadas a las policías locales o los cambios introducidos en la legislación funcionarial y sobre igualdad de género, atendiendo a las previsiones de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y acogiendo, asimismo, las previsiones de la Ley 2/2021, de 7 de junio, de Igualdad Social y no Discriminación por Razón de Identidad de Género, Expresión de Género y Características Sexuales.
La nueva ley se estructura en 64 artículos, distribuidos en cuatro títulos --Disposiciones generales, De la Policía Local, Régimen funcionarial de la Policía Local y Competencias Autonómicas en materia de ordenación general y coordinación--, complementados con ocho disposiciones adicionales --Vigilantes municipales, Asociación de municipios para la prestación de servicios de policía local, Funcionarios de las policías locales canarias víctimas de violencia de género, Sistema de información de la Policía Local Canaria, Planes de igualdad, Acceso de personal militar de tropa y marinería, Situaciones de embarazo, puerperio, lactancia y maternidad y Correspondencia entre categorías y empleo--, tres transitorias --Procedimiento de ingreso de provisión de vacantes en tramitación, Expedientes disciplinarios y Comisión de Coordinación de Policía Local de Canarias y la Subcomisión de Participación de las Policía Locales--, una derogatoria y cuatro finales.
La tramitación de esta norma está prevista en el Programa Legislativo del Gobierno de Canarias y en ella se ha venido trabajando desde el principio de esta legislatura, si bien las circunstancias extraordinarias vividas en el área de Seguridad y Emergencias --la pandemia por la covid-19 y la erupción volcánica de La Palma, entre otras-- han dificultado su preparación y tramitación anterior, que se ha agilizado y acelerado una vez lograda cierta normalidad.
PÉREZ: POCOS POLICÍAS EN CANARIAS Y NO MUY BIEN ORGANIZADOS
Pérez ha comentado en rueda de prensa que cabe la posibilidad de que la ley no llegue a tramitarse en el Parlamento dado que "los tiempos parlamentarios se están acortando" y la Cámara se disolverá a comienzos de abril y la "cartera de pedidos" legislativos es muy amplia.
No obstante, ha dicho que aunque el Parlamento "tenga mucho trabajo" eso no elude al Gobierno de su obligación de seguir tramitando iniciativas legales aparte de que no es un "trabajo perdido" porque todos los textos que se elaboren servirán para el futuro Gobierno y los futuros diputados.
Ha apuntado que el "deseo" del Gobierno es que ayuntamientos y sindicatos puedan aparcar sus diferencias y que la ley llegue a la Cámara regional con el "mayor consenso posible", asumiendo que la ley deja "muy abierta" la regulación porque cada ayuntamiento puede atender a sus "peculiaridades" si bien siempre se ha demandado una homogeneidad "porque no es razonable que haya condiciones laborales distintas" en el municipio de al lado.
Ha dicho también que hay un "malentendido" porque "no hay grandes cambios" en la ley y aunque personalmente no está a favor de la figura del personal interino cree que puede ser una solución para "casos excepcionales".
Pérez ha admitido que la plantilla de casi 3.000 agentes en las islas es "insuficiente" y además deberían estar "mejor organizados" y ha admitido que es normal que pueda haber movilizaciones como ha ocurrido con otros trabajadores públicos.
