Archivo - El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo
PALMA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Govern balear y el Gobierno canario han abierto la puerta a defender ante el Estado la adaptación del uso del tacógrafo en ambos archipiélagos, con el anuncio del encargo de un estudio para conocer "la viabilidad de esto, en término jurídicos" pero, han advertido, a ello "siempre deberá preceder un acuerdo social", para evitar "lo ocurrido en adaptaciones anteriores, como la del año 2014".
Así lo han dado a conocer en rueda de prensa conjunta, en Palma, el conseller de Movilidad y Vivienda del Govern balear, Josep Marí, y el consejero Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de las Islas Canarias, Sebastián Franquis, quienes este mismo viernes se han reunido con las patronales y los sindicatos del sector del transporte en ambos territorios insulares.
Ambos responsables políticos han coincidido en afirmar que "no están por la eliminación, ni en una comunidad, ni en otra, del tacógrafo". Si bien, han abierto la puerta a estudiar la posibilidad de adaptar el uso de este instrumento al hecho insular.
Por este motivo, se ha encargado un estudio en esta dirección, "para conocer, en términos jurídicos, la viabilidad de dicha adaptación". "Siempre", no obstante, han apostillado, "dejando unos límites claros, como son los derechos de los trabajadores, que se respeten las horas de trabajo y de descanso, así como se garantice la seguridad vial".
"Nuestro objetivo es claro, buscar el diálogo y el acuerdo social. Por tanto, este deberá preceder a cualquier posicionamiento de los ejecutivos tanto balear como canario ante el Estado en relación a la posible adaptación del uso del tacógrafo en los archipiélagos", han enfatizado.
Marí y Franquis también han compartido con los representantes de las federaciones de transporte de Baleares y Canarias --FEBT y FET-- y representantes sindicales del sector de ambas autonomías aspectos relacionados con la transición ecológica del sector, la potenciación del transporte público y la renovación de flotas.
OTROS TEMAS: DESCUENTO DE RESIDENTE Y LA COMPRA DE AIR EUROPA POR IAG
Previamente a mantener encuentros con patronales y sindicatos del sector transporte, el conseller Josep Marí y el consejero Sebastián Franquis se han reunido para abordar otra serie de temas, como el descuento de residente y la compra de Air Europa por parte de IAG.
Así, respecto al descuento de residente, ambos han coincidido en que este es un "derecho totalmente garantizado de la ciudadanía", debido a que, como han recordado, "está blindado en los regimenes fiscales de ambos archipiélagos. "Tenemos claro que si hay que limitar algo son los precios de los billetes, no las cuantías de las subvenciones o ayudas a movilidad de los ciudadanos, ni tampoco las frecuencias y rutas", han subrayado.
Con estas palabras, los gobiernos de Baleares e Islas Canarias han constatado el compromiso del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con el actual sistema de subvenciones de los billetes entre los archipiélagos balear y canario y el territorio peninsular para los residentes en estas regiones, teniendo en cuenta que el régimen actual está blindado por la Ley del régimen económico y fiscal de Canarias y por la Ley de régimen económico especial de Baleares.
Mientras, en cuanto a la compra de Air Europa por parte de IAG, han asegurado que "estarán vigilantes" porque "preocupa una merma de la conectividad y de las rutas establecidas". "Debemos garantizar que los slots en vigor, no se vean reducidos", han incidido.
También, tanto Marí como Franquis han coincidido en la necesidad de reclamar "una mayor participación de los ejecutivos autonómicos en la toma de decisiones respecto a aeropuertos de Baleares y Canarias", considerado como "fundamental" reforzar el interés público en estos y que las administraciones públicas y los agentes económicos y sociales jueguen un papel "determinante" en la estrategia comercial y en el desarrollo de las infraestructuras previstas. Por este motivo, han creído "primordial" que AENA avance en el proceso de participación de los archipiélagos en la gestión aeroportuaria.
Asimismo, en relación a las obligaciones de servicio público (OSP) en el transporte aéreo, los gobiernos balear y canario han compartido el trabajo realizado con la Dirección General de Aviación Civil para poner en marcha una experiencia piloto en la ruta Menorca-Barcelona y Lanzarote-Madrid Barajas.
El objetivo de esta experiencia es que se limite el precio de venta de billetes para el conjunto de viajeros, sean o no residentes en archipiélagos, de forma que los usuarios tengan oportunidades de desplazamiento entre territorios extrapeninsulares y el resto del territorio nacional a precios razonables.
La hoja de ruta que se está trabajando con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana requiere de los informes preceptivos de otro ministerio, como el de Economía o el de Hacienda, además de la comunicación y defensa frente a la Comisión Europea.
Y, finalmente, en cuanto a la orden ministerial por la que se determinan los aeropuertos gestionados por AENA para los que se desea seleccionar nuevos proveedores civiles de servicios de control de tráfico aéreo, entre ellos, el aeropuerto de Palma, Gran Canaria, Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna y Tenerife Sur, ambos gobiernos han presentado alegaciones para solicitar un período adicional de estudio y análisis para que la decisión final que se tome sea la "más adecuada al interés público" y "priorice la calidad y seguridad" en el servicio de control aéreo de los aeropuertos baleares y canarios.