Chalecos balísticos falsos intervenidos en una operación en La Laguna - GUARDIA CIVIL
SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF), perteneciente a la Sección Fiscal y Fronteras del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, han investigado a tres personas, dos varones y una mujer, de 65, 53 y 36 años de edad, pertenecientes a la misma familia y que gestionaban una empresa, como presuntos autores de varios delitos.
Concretamente se trata contra la propiedad industrial, contrabando, falsedad documental y estafa, en relación con la venta de chalecos de protección balística falsificados en un establecimiento comercial ubicado La Laguna.
Tras la información recibida, los agentes de la Guardia Civil iniciaron una investigación y, gracias a las gestiones realizadas consiguieron constatar su venta, motivo por el cual realizaron una exhaustiva inspección en los locales y almacenes de la empresa, encontrando de forma oculta un total de 31 chalecos policiales de protección balística falsificados.
Los chalecos incautados destacaban por su elevado grado de elaboración y la calidad aparente de sus acabados, ya que imitaban fielmente los de la marca original, hasta el punto de ofrecer una apariencia de autenticidad que podía inducir a error sobre su verdadera procedencia y fiabilidad, detalla la Guardia Civil en una nota.
La venta de estos chalecos falsificados, cuyo producto original tiene un elevado valor económico en el mercado, estaba ocasionando un grave perjuicio a la marca legalmente registrada.
Además, también se incautaron diversas etiquetas de la marca que estaban falsificado, dispuestas para su colocación en los chalecos.
El instituto armado señala que más de 10 ayuntamientos de Canarias ya habían adquirido este material para el equipamiento diario de sus agentes de la Policía Local, motivo por el cual y con el principal objetivo de velar por su seguridad, la Guardia Civil notificó de inmediato a los consistorios el fraude para que retirasen cuanto antes el material, ya que carecía de las garantías sobre su capacidad de protección.
Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial competente.