SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -
Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Equipo Pegaso de la Sección Fiscal y Fronteras del Aeropuerto Tenerife Sur han instruido diligencias en la que se investiga al piloto de un dron que provocó la caída de una menor desde un caballo cuando ésta se encontraba practicando equitación en un centro hípico del sur de la isla, debido a lo cual sufrió lesiones leves.
La investigación se inició tras la denuncia presentada en el Puesto Principal de la Guardia Civil en Guía de Isora, activando de inmediato a los agentes especialistas del Equipo Pegaso.
Estos reunieron indicios suficientes para averiguar que los hechos pudieron haberse producido por el sobrevuelo a baja altura de un dron que fue previamente observado mientras volaba muy cerca de los caballos del centro hípico, logrando así localizar el dron e identificando plenamente a su piloto, un varón mayor de edad residente en la isla, que además era el propietario del aparato.
El piloto investigado carecía del certificado de conocimientos teóricos de piloto a distancia, requerido para drones de más de 249 gramos, y no se encontraba registrado como operador en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Además, el dron no contaba con la preceptiva póliza de seguro y la zona donde se llevó a cabo el vuelo se encuentra en espacio aéreo controlado, muy próxima al Aeropuerto Tenerife Sur, sin que se hubiese solicitado la debida autorización de AESA, ni coordinación con los controladores aéreos.
Conforme a los citados hechos, los agentes especialistas del Equipo Pegaso han instruido las oportunas diligencias por un presunto delito de lesiones por imprudencia, que ya han sido entregadas en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº 3 de Granadilla de Abona.
El piloto investigado también ha sido denunciado ante la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) por la comisión de varias infracciones a la Ley 21/2003 de 7 de julio, de Seguridad Aérea, cuyas sanciones pueden conllevar multas de hasta 225.000 euros para operadores recreativos y de hasta 4.500.000 euros para operadores profesionales y que pueden agravarse cuando, como resultado de acciones imprudentes, se produzcan accidentes o lesiones en las personas o daños materiales.
